Dependencia Alicante | La lista de espera de ayudas a la dependencia se duplica en apenas un año en la provincia de Alicante

«No puede hacerlo si no es con compañía. Hay que atenderla, no es que tenga una dependencia absoluta hasta el punto de que haya que darle de comer pero hay que llevarle los platos preparados». Al vivir al lado, pueden atenderla ellos de momento «pero las familias tampoco tenemos la capacidad económica para pagar a una cuidadora con lo que conlleva».

Hay familias en la provincia, y en toda la Comunidad, que llevan 14 meses, y más, esperando la resolución de su solicitud de ayuda a la dependencia pese a que hay un acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, adscrito al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que indica que el plazo para resolver y notificar las resoluciones será como máximo de seis meses desde la fecha de registro.

Los plazos actuales «no se pueden consentir», afirma Lupe Arana, secretaria de la Federación de Pensionistas del País Valenciano y secretaria general del sindicato CC OO en la comarca del Vinalopó y la Vega Baja. Lo que se ha conseguido desde que en 2006 salió la Ley de Dependencia «no lo regala nadie, ha sido a base de pelear con las instituciones. En la Comunidad se consiguió bastante pero durante el gobierno del PP de 2011 a 2015 se redujo parte de lo conseguido. Cuando se pide esta ayuda es porque se necesita. Muchas son de grado 3, que son las personas que más atención precisan, y no pueden esperar tanto tiempo porque recae en las familias, sobre todo en las mujeres, que dejan sus trabajos para atender a sus familiares o pagan de su bolsillo porque las ayudas llegan con cuentagotas o con mucho retraso».

Más espera

Los últimos datos de la lista de espera de dependencia reflejan un importante incremento. En toda la Comunidad Valenciana hay, a 2 de enero de 2024, 18.580 personas frente a las 10.257 de mayo de 2023, según los datos oficiales de la Generalitat. Desde entonces no ha dejado de subir. En la provincia de Alicante forman la lista de espera 7.582 familias pedientes de la valoración de alguno de sus miembros, un 41% del total autonómico. En menos de un año prácticamente se han duplicado pues el pasado mayo eran 3.890. Desde noviembre de 2020 no había más (7.746).

En la provincia de Valencia hay pendientes de resolución 9.287 peticiones y 1.711 en Castellón; frente a las 5.363 de mayo pasado y las 991 de abril respectivamente. «Vamos para atrás. Desde que vuelve a gobernar el PP donde había 10.000, hay 20.000, y echan la responsabilidad al gobierno anterior», apunta la sindicalista, quien recuerda que la consellera de Bienestar Social del primer gobierno del Botànic se encontró con 50.000 expedientes sin resolver en los cajones, «y había gente que había fallecido». Lupe Arana explica que la Comunidad «es la que tiene más lista de espera con Andalucía y Madrid; y la tercera por la cola en ayudas y atención a personas dependientes». 

Asimismo, denuncia que en los 18 años de la ley no se han incrementado las cuantías; y que el pasado mes de julio el BOE publicó un decreto ley que recogía una subida de las ayudas para la dependencia, en función del grado, que beneficiará a medio millón de personas en España. Sin embargo, «ahora todo son excusas, como que no hay dinero, cuando vemos que se resuelven otras cosas».

Afectados se quejan de que no se aplica tampoco un decreto del Consell de agosto de 2022 que elevaba la ayuda por su familiar dependiente de 389 a 465 euros pues les siguen abonando la cantidad inicial. «La ley de Dependencia es una herramienta fundamental para garantizar la atención y cuidado de las personas dependientes y su aplicación es esencial para mejorar su calidad de vida y la de sus familiares. Es fundamental que las autoridades competentes tomen medidas para agilizar los tramites y garantizar que las personas reciban la atención que necesitan sin demoras», señalan.

La vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, ha exigido esta semana al Gobierno central su compromiso con el principio de corresponsabilidad financiera Estado-comunidades. Camarero expuso a la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, que la Comunidad «solamente está percibiendo alrededor del 20 % de los gastos de dependencia frente al 50 % de la cuantía que según la Ley Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia le corresponde».

Además, el departamento trabaja en un programa informático para agilizar y simplificar los trámites.

La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana Aerte habla de bloqueo. «Desde principios de 2023 se ha ralentizado la resolución de expedientes. La maquinaria, con las elecciones, se paró, aunque no tenga que ver porque son procesos administrativos, pero han tardado en ponerse las pilas. No fue un buen año para la dependencia, y la gestión se ha frenado bastante», sostiene el presidente de la entidad, José María Toro.

Figura del asistente personal

Eva Guzmán, representante de la Coordinadora de Plataformas en la Comunidad por la ley 39/2006 de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia, apunta que el catálogo sigue igual. Cualquier persona con grado 1 tiene derecho a teleasistencia y es compatible con el servicio de atención domiciliaria y el centro de día. «Ahora estamos en la lucha por regularizar la figura del asistente personal (cuidador), y los nuevos salarios, pues va a sobrecoste de las familias».

Sobre la tramitación de las ayudas apunta que «se sigue avanzando pero no al ritmo que iba por el anterior gobierno (el Botànic), que estaba muy sensibilizado y dieron un buen empujón. Los actuales no lo han desatendido tampoco pero entre que aterrizaron y que tienen una línea política diferente pues es muy normal que suba la lista de espera. Si no hay dinero no pueden dar respuesta a resoluciones PIA (Programa Individual de Atención). A lo mejor está resuelto pero no ha llegado a la persona porque no hay partida presupuestaria para llevar a cabo los derechos que van con las resoluciones y las van reteniendo».

Educación especial

Beatriu Tudela, vecina de Alcoy, lleva meses peleando con el tema del asistente personal, es decir, el cuidador. Tiene un hijo de 19 años, Sergi, gran dependiente, que va a un colegio de educación especial de Ibi, donde puede estar hasta los 21 años «pero si encontramos plaza antes, se iría a la residencia». Está en lista de espera de discapacidad. Su madre aporta de su bolsillo 73 euros mensuales desde hace casi un año porque con la ayuda actual, de 2.350 euros, no le llega para pagar la Seguridad Social, que ha subido, de los dos cuidadores que necesita en casa el joven. Son dos personas que lo atienden 40 horas de lunes a viernes y los sábados por la mañana, y que perciben 900 euros cada una más los 300 de pago a la Seguridad Social. Es decir, lo que cobra ha quedado desfasado.

«Está aprobada una subida de la ayuda pero a los cuidadores profesionales no ha llegado porque al parecer no hay dinero y van dando largas». Sobre la figura del asistente personal, señala que muy pocas personas saben que existe. Explica que la Generalitat le da la ayuda, «y te vuelves como un empresario. Contratas y pagas la Seguridad Social. Te dan una lista de empresas pero se quedan con gran parte del dinero y yo prefería pagar a los cuidadores». Son trámites que hace todos los meses «y me está costando dinero, aparte del dolor de cabeza del papeleo». 

Tudela forma parte en Alcoy de una plataforma que se ha movilizado en numerosas ocasiones por los derechos del colectivo, «son tiempos largos y si son personas mayores acaban muriéndose muchas de ellas y no consiguen nada».