Se acabó la diversión: en eso llegó Sánchez y mandó parar

Félix Bolaños, ministro de Justicia, que presidía el acto, estaba también masticando las afirmaciones de Ribera. Los esfuerzos de Bolaños por templar gaitas a través de su relación con el presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Vicente Guilarte, también en el acto, parecían irse al garete. Como si las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, el miércoles 17, contra el Tribunal Constitucional y su presidente, Cándido Conde-Pumpido, por las sentencias dictadas en las que se tumbaron dos fallos de la Sala II del Tribunal Supremo, que preside Manuel Marchena -casos de Alberto Rodríguez y de Bateragune, respectivamente- no hubieran hecho saltar todas las líneas rojas de la estrategia de deslegitimación del tribunal de garantías del Partido Popular.

La prueba del nueve vigente en la información judicial y política de este país, marcada con lo que hemos llamado el sindicato mediático-judicial se ha vuelto a cumplir en esta semana de la tormenta judicial perfecta. Esa prueba consiste en esto: cuando la derecha ataca a una institución o al presidente de la misma -caso Tribunal Constitucional- es normal. Para los medios de comunicación de ese sindicato de facto no es noticia; es lo que toca. Pero cuando un alto cargo del Gobierno insinúa, más que afirma, dudas sobre alguna decisión jurisdiccional de un magistrado -caso Ribera- es el final de la división de poderes de Montesquieu. Es decir: es el fin de la democracia.

Guerra sucia

Conde-Pumpido ha sido objeto de una guerra sucia durante largos años para prevenir, más recientemente, su ascenso a la presidencia del TC, algo que el PP de Nuñez Feijóo quiso abortar hasta el último minuto en diciembre de 2023. No fueron las cloacas, término muy en boga en este país, las encargadas de la faena contra Conde-Pumpido. Ha sido una guerra sucia, pero muy transparente a través de la reencarnación de otrora sindicato del crimen de los años ochenta del siglo pasado en sindicato mediático-judicial.

Fue José María Aznar quien se encargó, en la división de trabajo de la campaña de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo de 2023, quien sistemáticamente atacó al TC y a su mayoría progresista que su partido no fue capaz de abortar. Y esta semana, Núñez Feijóo acusó a Conde-Pumpido, -quien, según dijo, no puede presidir el TC por haber sido fiscal general del Estado- de “suplantar” al Tribunal Supremo de forma reiterada al “corregir” sentencias. El presidente del PP ni se molesta en explicar por qué ataca esa corrección, cuáles son las razones jurídicas que no le agradan, qué consecuencias pueden tener.

Nada de eso. A Núñez Feijóo que no le toquen al faro que le ilumina -directa o indirectamente-, a saber, a Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal o Sala Segunda, quien a su vez tras los dos varapalos ha dejado saber a los integrantes del llamado sindicato mediático-judicial que el en “Tribunal Supremo hay malestar”. ¿En el Tribunal Supremo? ¿O más precisamente en Marchena?

Teresa Ribera, tras responder a TVE sobre la amnistía, fue preguntada al final de la entrevista por la resolución del juez García Castellón (auto conocido la mañana del viernes). «Creo que es muy importante respetar un principio fundamental de la convivencia y la Constitución como es la separación de poderes y el ejercicio del poder y de las responsabilidades que corresponden a cada uno de los que estamos al frente de las instituciones, incluido el respeto al poder judicial, a los jueces y magistrados·, dijo, y añadió: «Y eso no impide ver que hay algunas personas que ostentan esa responsabilidad del poder judicial que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno frente a lo que por lo demás suelen ser los pronunciamientos de otros compañeros dentro del ejercicio de ese poder judicial, así que yo sería muy cauta respecto a la manera en que se está pronunciando este juez que, como digo, nos tiene acostumbrados a que se incline en esta misma dirección que evidentemente tiene una implicación políticamente importante y suele salir a colación en momentos políticos sensibles».

Ribera dijo además que «la hemeroteca muestra que siempre tiene mucho acierto en las fechas y en la sensibilidad de las fechas donde salen estas afirmaciones. Pero evidentemente es su tarea, debe motivar, explicar y en su caso siguiendo la manera en que los tribunales configuran la instrucción y su propia opinión y pronunciamiento corresponde esperar a ver lo que ocurre”

El mundo judicial, ante semejante insinuación, se vino arriba -o abajo según se prefiera- y empujó a Teresa Ribera a la hoguera. El CGPJ lo consideró un crimen.

Cuando Pedro Sánchez y Félix Bolaños salieron del Palacio de la Zarzuela el pasado viernes les faltó tiempo para transmitir a través de sus teléfonos móviles la recomendación -orden- de no seguir adelante con menciones al juez García-Castellón.

Conspiración de los formularios

Al ministro de Transportes, Óscar Puente, los medios le preguntaron por el asunto. Su respuesta fue comedida. Sabiendo cómo suele expresarse, saltó a la vista que se contenía. “Nosotros, tanto en el Gobierno como en el PSOE, tenemos mucho respeto por el poder judicial y sus decisiones”, y ello “a pesar de determinadas decisiones temporales que llaman la atención”. Respaldó las manifestaciones de Ribera, en cuanto a esas coincidencias pues «este caso [Tsunami Democràtic] se remonta a 2019 y llama la atención que cada vez que hay un debate público sobre estos temas se produzca una resolución del juez”.

Pero a pesar de la orden de Sánchez son cada vez más los miembros de la nueva comisión ejecutiva del PSOE que discrepan de la conducta que llaman de “pacificación” por la cual el Gobierno tiene que “dejar pasar” determinadas acciones judiciales que suponen, afirman, una intromisión del poder judicial en el poder legislativo. “Los jueces son independientes y deben serlo. Pero deben acantonarse en su función. Cuando no lo hacen, como se puede ver en el clima político actual, los políticos tienen que hablar”, ha señalado un dirigente socialista a este diario.

«El poder judicial está en rebeldía. Ahora es contra la ley de amnistía -añade-. Está usando las consultas del portal del CGPJ, por ejemplo, para publicitar formularios sobre cómo presentar cuestiones prejudiciales en relación con la ley de amnistía ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), o elevar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional”.

“Es sorprendente. No se consideran las cuestiones prejudiciales o de inconstitucionalidad como un instrumento de depuración del ordenamiento para resolver dudas jurisdiccionales sino como un plan organizado para obstaculizar la aplicación de una norma legal”, señala un magistrado que sigue atónito la “conspiración de los formularios” a través del correo del CGPJ.