La intención deliberada de marcar mayor perfil político, como probable cabeza de lista del PSOE en las elecciones europeas del 9 de junio, estaría detrás de las dos polémicas que la vicepresidenta Teresa Ribera ha protagonizado en las últimas 48 horas. Dos intervenciones poco frecuentes en una ministra que pertenece al sector más técnico del Gobierno y que habitualmente evita la confrontación.
Así cerraba Teresa Ribera dos días trepidantes: primero cargó contra el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, por cuestionar las políticas de transición ecológica y luego sugirió, este viernes, que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón comete lawfare al investigar a Carles Puigdemont por terrorismo.
Fuentes próximas del Gobierno indican que la titular de Transición Ecológica está llamada a ocupar un puesto destacado (si no el número 1) en la candidatura socialista al Parlamento Europeo.
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Sería la primera fase de la operación diseñada por Moncloa para colocar luego a Ribera como comisaria europea de Medio Ambiente, con el fin de mantener la cuota española tras la inminente retirada de Josep Borrell como alto representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad.
Un Josep Borrell que este viernes fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Valladolid, en un acto emotivo con aires de despedida: hizo balance de su trayectoria política, analizó las amenazas que se ciernen sobre Europa e hizo autocrítica por la falta de cohesión de la UE ante conflictos como el de Oriente Próximo.
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Pocas horas después, se conocía que el hasta ahora jefe de gabinete de Borrell en Bruselas, Camilo Villarino, se convierte en el nuevo jefe de la Casa del Rey. Borrell comienza a soltar amarras, con el sabor amargo de no haber logrado una mayor unanimidad de la UE frente a Benjamín Netanyahu por su ofensiva en Gaza contra Hamás.
El perfil más agresivo mostrado esta semana por Teresa Ribera repite la pauta seguida por la exministra de Economía. Antes de lograr su nuevo destino como presidenta del Banco Europeo de Inversión (BEI), Nadia Calviño se lanzó a la arena política y se convirtió en uno de los principales activos del PSOE en la campaña de las elecciones generales del 23-J.
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No sólo para exhibir la solvencia de la técnica del Gobierno y presumir de sus logros, pese a la difícil coyuntura provocada por la guerra de Ucrania, sino también para denunciar la falta de rigor del programa económico de Alberto Núñez Feijóo.
El Gobierno se vio obligado este viernes a desautorizar a la ministra Teresa Ribera, después de que sostuviera que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón tiene «una implicación política importante» y «cierta querencia» a pronunciarse «en momentos políticos sensibles».
Ribera efectuó estas declaraciones en una entrevista de TVE, a propósito del auto dictado por Garcia-Castellón en el que reafirma los indicios de terrorismo en la causa del Tsunami Democràtic, en la que investiga a Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira.
Tan sólo unos minutos después de estas declaraciones, Moncloa emitía un comunicado en el que subrayaba el respeto absoluto del Ejecutivo a la labor de los jueces.
Ataque al Poder Judicial
Pero esto no impidió que el CGPJ y las principales asociaciones de jueces y magistrados denunciaban este nuevo ataque del Ejecutivo a la independencia del Poder Judicial. Por su parte, el PP ha anunciado que reprobará a Ribera en el Senado por sus declaraciones.
Una controversia especialmente inoportuna, después de que la Comisión Europea haya anunciado que analizará la ley de amnistía, una vez sea aprobada, para comprobar si vulnera los valores de igualdad y respeto al Estado de Derecho contemplados en el Tratado de la Unión.
No es la única polémica en la que se ha visto envuelta esta semana la vicepresidenta Teresa Ribera. El jueves dirigió un duro ataque contra el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, por advertir que las políticas europeas de transición ecológica pueden traducirse en la destrucción de empleo.
Teresa Ribera calificó de «demagógicas y populistas» las manifestaciones de Imaz, al que acusó de mantener un discurso de «negacionismo» respecto a la estrategia medioambiental europea.
Esta arremetida de la titular de Transición Ecológica parecía desmentir el acercamiento protagonizado por el presidente Pedro Sánchez Foro Económico Mundial de Davos a los gigantes del Ibex.
En el encuentro celebrado el miércoles en Suiza, Sánchez intentó aplacar así el malestar que han provocado alguna medidas del Gobierno, como la creación de los impuestos sobre los beneficios extraordinarios de la banca y las compañías energéticas.
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