El palacio de la Moncloa ha tenido que salir a enmendar a su vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, tras su ataque al magistrado de la Audiencia Nacional que investiga el caso Tsunami, Manuel García-Castellón. Fuentes del Ejecutivo han emitido un comunicado en el que sostiene que «el Gobierno siempre respeta las decisiones del Poder Judicial aunque, en ocasiones, no comparta algunas de ellas».

La desautorización implícita a Ribera llega después de que la vicepresidenta achacara «una implicación política» a los dos autos que este jueves emitió García-Castellón reafirmándose en la imputación por terrorismo a Carles Puigdemont (Junts) y Marta Rovira (ERC). Ambos partidos achacan intencionalidad política a esta investigación e incluso el del expresident fugado lo acusan de lawfare.

Puigdemont y Rovira, dirigentes políticos del procés fugados de la Justicia española, lideran a Junts y ERC, los dos principales aliados parlamentarios del Ejecutivo, y son presuntos beneficiarios directos de la Ley de Amnistía pactada por el PSOE con sus partidos para lograr la investidura de Pedro Sánchez.

De hecho, este jueves las tres formaciones coincidieron en la votación favorable de las nueve enmiendas presentadas por los socialistas a su propia proposición de ley, en la ponencia de la comisión de Justicia del Congreso. Sin embargo, el partido de Puigdemont mantiene «vivas» las suyas propias para «seguir negociando» y forzar al PSOE a incluir en la amnistía los delitos de traición al Estado.

‘Lawfare’

Este empeño está basado, precisamente, en las acusaciones directas de lawfare al juez que acusa de terrorismo a Puigdemont y Rovira en la instrucción del caso Tsunami. Y en previsión, afirman fuentes de Junts, de que pueda variar esta imputación por otra de «delito de traición, contra la paz o la independencia del Estado» a cuenta de sus contactos con un alto cargo del Gobierno de Suiza.

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«El Gobierno demuestra con su actuación su respeto institucional al Poder Judicial, a la separación de poderes y a la independencia de jueces y magistrados en su labor», asegura la nota de Moncloa. Sin embargo, las palabras de Ribera habían sido elocuentes. En declaraciones a TVE, la vicepresidenta tercera criticaba una «cierta querencia» del juez García-Castellón por pronunciarse «en momentos políticos sensibles» y tener «una implicación política importante».

Moncloa recuerda que, en el caso Tsunami, las decisiones del magistrado «fueron recurridas por el fiscal del caso, por lo que la consideración jurídica de los hechos ocurridos como terrorismo está pendiente de recurso ante la propia Audiencia Nacional».

Este jueves, los dos autos del magistrado, en todo caso, eran sendos rechazos a dos recursos: uno del fiscal y otro de la defensa de Rovira.

En el primer caso, García-Castellón arremetía sutilmente contra la Fiscalía, por su empeño en evitar que el caso pase al Tribunal Supremo, reafirmándose en su acusación de terrorismo y alegando que hay «nuevos indicios» para ello.

En el segundo, afeaba al abogado de Rovira, el ex defensor de Batasuna y de terroristas de ETA Iñigo Iruin, por no facilitar la dirección de la secretaria general de ERC en su refugio de Ginebra (Suiza).

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Sin embargo, el Ejecutivo insiste en que hay una «debate jurídico» en el seno de la Audiencia, y que éste «se resolverá por los órganos judiciales». Decida lo que decida el tribunal, «el Gobierno respetará, por supuesto, la decisión final que se adopte».

Discurso roto de Bolaños

Este mismo jueves, Félix Bolaños, se reunía con las asociaciones judiciales, a las que reiteró su defensa de la labor de jueces y magistrados. Este ataque de Ribera al magistrado del caso Tsunami, a pesar de encajar en la estrategia política del PSOE en la tramitación de la amnistía, desmonta el empeño del ministro de Justicia en pacificar las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

Bolaños también mostró a la presidenta de la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia, Ascensión Martín; al portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Sergio Oliva; y al presidente de la Asociación Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo, su preocupación por el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El ministro se comprometió a esforzarse por resolverlo con la mayor urgencia.

En este último mensaje de Bolaños a las asociaciones judiciales sí coincide la nota de Moncloa de este viernes. «Si en España hay un claro ejemplo de intervencionismo en el Poder Judicial es el secuestro al cual el Partido Popular está sometiendo al CGPJ«, acusa el Gobierno en un empeño de esconder los ataques de Ribera al juez García-Castellón. 

El comunicado termina repitiendo el mensaje del ministro, que ya transmitió a María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, un día antes: «El Gobierno defenderá a los jueces y magistrados de nuestro país de cualquier injerencia en su trabajo», aunque no se refiere a los de su vicepresidenta, sino expresamente a «los intentos de hacerlo del PP».

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