La Audiencia Nacional ha salido en defensa del juez Manuel García Castellón frente a las palabras dirigidas contra él por parte de la vicepresidenta tercera Teresa Ribera, y no solo lo ha hecho través de manifestaciones de apoyo de sus compañeros, sino también mediante un auto, con fecha de este mismo viernes, en el que los tres magistrados de la Sala de lo Penal que tiene que revisar las decisiones del instructor del caso Tsunami Democràtic califican de «absolutamente rechazables» las alegaciones de las defensas de los investigados «sobre una pretendida motivación política» del instructor.
Ribera aludió en una entrevista televisiva a la «querencia» de Manuel García Castellón por dictar sus resoluciones «en momentos políticos sensibles». Por su parte, los magistrados Alfonso Guevara Francisco, Javier Vieira y Carlos Fraile Coloma avalan las decisiones del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 al dictar los autos del pasado mes de noviembre en los que imputó indiciariamente delitos terroristas tanto al expesident Carles Puigdemont como a la secretaria general de ERC Marta Rovira y otras personas relacionadas con Tsunami. Rechazan que García Castellón actuara a modo de respuesta judicial al acuerdo de investidura entre PSOE y Junts o frente a la proposición de ley de amnistía.
Los magistrados responden de esta forma a un recurso que interpuso el abogado Gonzalo Boye, que defiende al investigado Josep Lluis Alay Rodriguez, jefe de gabinete del expresidente catalán Carles Puigdemont. En su auto, adelantado por El Confidencial y al que ha tenido acceso El Periódico de España, del Grupo Prensa Ibérica, La sala también se refiere al rechazo el pasado lunes de las recusaciones presentadas, entre otros, por Josep Lluís Alay, que buscaba apartar a García Castellón de la causa al no considerarle imparcial.
Esta defensa por la propia Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se suma al contenido del comunicado hecho público tras la reunión de carácter extraordinario de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, que ha censurado de forma unánime las palabras de la vicepresidenta primera, señalando que vulneran el principio de lealtad institucional y contribuyen al deterioro de las instituciones.
En su declaración, el órgano de gobierno de los jueces entiende que estas manifestaciones de Ribera son también contrarias «al deber general de respeto a la independencia judicial inherente a un Estado de derecho consolidado e integrante de la Unión Europea, uno de cuyos valores esenciales es la separación de poderes, imprescindible para hacer realidad el valor Justicia, porque solo unos jueces en los que sus conciudadanos confíen podrán prestar».
