El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha vuelto a salvar una votación crucial en el Parlamento en su objetivo de blindar las deportaciones a Ruanda de los inmigrantes que lleguen al Reino Unido de forma irregular. El primer ministro británico ha logrado este miércoles, con menos tensión que en la primera votación del pasado diciembre, el apoyo suficiente de su bancada a la tramitación del proyecto de ley sobre la seguridad de Ruanda, que trata de impedir nuevos bloqueos judiciales a las deportaciones. El texto ha contado, sin embargo, con una oposición significativa del ala dura de su partido, que ha intentado sin éxito incorporar enmiendas para endurecer la norma y ofrecer mayores garantías de que el plan se llevará a cabo.
Finalmente han sido 11 los diputados rebeldes que se han sumado a la oposición y han votado en contra del proyecto de ley en la votación general –18 menos de los necesarios para tumbar la norma–, entre los que se encuentran los dos máximos responsables de la política migratoria del Gobierno hasta hace poco: la exministra del Interior, Suella Braverman, y el exsecretario de Estado de Inmigración, Robert Jenrick, quien dimitió poco después de que el Ejecutivo presentara el proyecto de ley en el Parlamento a modo de protesta.
Las enmiendas presentadas por Jenrick y por el veterano diputado Bill Cash –y apoyadas por cerca de 60 diputados conservadores– contemplaban limitar los supuestos en los que los inmigrantes pueden presentar recurso ante los tribunales e incorporar nuevas cláusulas para esquivar posibles dictámenes del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos que pretendan paralizar de nuevo las deportaciones, como ya ocurrió en junio de 2022. Los representantes del ala dura del partido han insistido en que cualquier medida cautelar dictada por los tribunales internacionales supone una injerencia sobre la soberanía del Reino Unido y sobre la capacidad del Parlamento para promulgar leyes, pero a pesar de sus reservas sobre la capacidad del proyecto de ley para esquivar nuevas batallas judiciales, una veintena de diputados díscolos han optado por abstenerse y facilitar su aprobación.
Última oportunidad
Entre los diputados que han optado finalmente por la abstención está Lee Anderson, uno de los dos altos cargos del Partido Conservador que presentaron su dimisión este martes para poder votar a favor de las enmiendas. Los abstencionistas han decidido enterrar el hacha de guerra, conscientes de que esta es la última oportunidad del Gobierno para poner en marcha las deportaciones antes de las elecciones generales y de que abrir una crisis de liderazgo en el partido a estas alturas acabaría con sus pocas opciones de remontar en unas encuestas que les sitúan todavía lejos del Partido Laborista.
Pero a Sunak todavía le queda mucho camino por recorrer hasta materializar el despegue de los primeros vuelos a Kigali. La norma tiene que pasar ahora por la Cámara de los Lores, cuyos miembros son mucho más estrictos en el cumplimiento de los convenios internacionales de derechos humanos y podrán poner nuevas trabas a su tramitación. Una vez aprobada definitivamente, el Gobierno cruzará los dedos para conseguir poner en marcha las deportaciones sin nuevos impedimentos y cumplir con una de sus principales promesas: la de acabar con la llegada irregular de inmigrantes a través del Canal de la Mancha. Una promesa que los ‘tories’ saben que deben cumplir para recuperar la confianza de unos electores que les dieron la mayoría absoluta hace poco más de cuatro años.
Poder disuasorio
Todavía no está claro, sin embargo, si los planes de deportación a Ruanda servirán como elemento disuasorio para los inmigrantes, tal y como promete el Ejecutivo. Tanto las organizaciones de derechos humanos como la mayoría de los diputados de la oposición aseguran que, incluso en el caso de que se inicien las deportaciones antes de las elecciones, la medida no detendrá a miles de personas dispuestas a jugarse la vida, y gran parte de sus ahorros, para salir de sus países de origen. Los más críticos con el plan señalan que el número total de inmigrantes deportados al país africano –con capacidad para acoger a cerca de un millar– sólo representará una pequeña parte del total de llegadas irregulares al Reino Unido.
A esto se suman las críticas del Partido Laborista por los elevados costes del plan, que por ahora ya han superado los 400 millones de euros sin que se haya producido ni una sola deportación. «Este plan es inasequible, inviable e ilegal», ha señalado el diputado laborista Stephen Kinnock en el debate sobre las enmiendas. Los laboristas ya han confirmado su intención de acabar con las deportaciones a Ruanda en caso de ganar las elecciones, previstas para otoño de este año.
