El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, está harto de los Ayuntamientos que se niegan a implementar las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) obligatorias para urbes de más de 50.000 habitantes y financiadas con más de 1.500 millones por el Gobierno. “Son inadmisibles los intentos de ralentizar la implantación o de restringirlas hasta su mínima impresión. Y son intolerables los pasos atrás que están dando algunas ciudades”, ha criticado. Para combatir este negacionismo, el ministro está decidido a establecer un régimen sancionador para aquellas ciudades.
Los casos más sonados son los de Badalona, en la que el polémico Xavier García Albiol ha decidido aprobar una demora de tres años para restringir la circulación a vehículos contaminantes, y Gijón, donde se ha derogado la ordenanza del consistorio anterior que establecía la ZBE. En ambas ciudades la presencia del Partido Popular (PP) es el denominador común, acompañando a Foro Asturias en el caso de la segunda. La apuesta de Puente es “incentivar y mejorar la financiación del transporte público” en las ciudades comprometidas con la sostenibilidad, pero plantea dureza contra los díscolos climáticos.
La sostenibilidad en el ámbito urbano es una de las principales prioridades del Ministerio de Transportes para esta legislatura, motivo por el que ha regado de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, unido a los fondos europeos, a 196 municipios para que establezcan ZBE y puedan avanzar en la descarbonización y digitalización del transporte público, piedra angular de la estrategia. Entre los objetivos principales de los 1.500 millones, a los que se suman otros 900 destinados a las Comunidades Autónomas, destacan la adquisición de autobuses de cero emisiones, la peatonalización de calles o el despliegue de carriles bici.
La implantación de estas reformas no se entiende sin el apoyo de los next generation y la fuerte apuesta del Ejecutivo. “En el Ministerio estamos recuperando cifras de inversión que no teníamos desde hace más de 10 años”, ha destacado Puente, que también ha puesto en valor que, “a pesar de coyunturas tan excepcionales como la pandemia o la crisis inflacionista, hemos revertido el déficit y mejorado las cifras de ejecución con 13.500 millones de euros en movilidad en 2022”. 11.166 millones de euros de los fondos, el 99,2% de lo asignado, ya han sido movilizados o tramitados.
La Ley de Movilidad Sostenible llegará en breves
El adelanto electoral hizo decaer varias leyes, entre las que se encontraba la de Movilidad Sostenible. Ahora, Puente se ha comprometido a sacar adelante el mismo texto que no pudo ver la luz a tiempo. La fecha establecida para que el anteproyecto llegue al Consejo de Ministros en febrero, preferiblemente la primera o la segunda semana. De esta manera, su tramitación dará comienzo cuanto antes y podrá aprobarse con la mayor celeridad posible.
“El nuevo compromiso que hemos contraído con Bruselas es el de tenerla aprobada antes de finalizar el año”, ha trasladado el titular de la cartera de Transportes. “Va a ser una ley en la que establecemos una auténtica política nacional de movilidad y transportes”, ha garantizado. Durante su intervención en el desayuno de Fórum Europa Nueva Economía ha relatado las prioridades próximas del Ministerio, entre las que destaca la aprobación de la citada norma, que debería haber entrado en vigor el pasado año.
Con la aprobación de esta ley se establecerán las reglas para cogobernar la movilidad entre las distintas Administraciones y se dará un marco que posibilite acelerar la descarbonización del transporte, impulsando definitivamente el transporte de mercancías por ferrocarril. Además, “reforzará el papel de las zonas de bajas emisiones, facultando la implantación a los Ayuntamientos de tasas de circulación o peajes urbanos y la que determinará en el futuro las decisiones de inversión en infraestructuras para garantizar su rentabilidad socioambiental”, ha desgranado.
¿Qué pasa con el transporte público?
La priorización de la descarbonización del sistema de transportes ha elevado al ferrocarril y a otras opciones públicas de movilidad a los primeros puestos de la agenda del Departamento. Otra de las prioridades es vincular la movilidad a la protección del medio ambiente y al desarrollo económico y social. Para ello, se requieren transportes más eficientes e inteligentes, impulsando los modos menos contaminantes, como el ferrocarril en ámbitos interurbanos, y el transporte público y el coche compartido en ámbitos urbanos.
El despliegue de redes de abastecimiento y recarga de vehículos limpios, el fomento de la bicicleta y los desplazamientos a pie y la limitación del uso de vehículos contaminantes en las grandes ciudades son las palancas necesarias para el cambio y deben contar con alternativas viables y económicas, que muchas ciudades alejadas de Madrid o Barcelona no tienen. “Debemos pasar del quien contamina paga, al quien contamina no puede circular”, ha sentenciado Puente.
