Desde que el PSOE y Junts acordaron la futura cesión de la inmigración a la Generalitat, los mensajes contradictorios por parte de las dos formaciones no dejan de repetirse. Según los posconvergentes, que lograron esta contrapartida a cambio de la abstención de sus siete diputados en los tres decretos ley que se aprobaron la semana pasada, la transferencia se llevaría a cabo a través de una ley orgánica específica para Catalunya, que iría acompañada de “los recursos necesarios” que permitan llevar a cabo “una política integral”. Aquí, continúan desde el partido independentista, estarían incluidos el control de las fronteras y la posible expulsión de inmigrantes que sean delincuentes multirreincidentes. Los socialistas rechazan este enfoque. Confirman que será una norma la que concretará este espinoso acuerdo, pero niegan, como ha hecho el propio Pedro Sánchez durante los últimos días, que la comunidad autónoma vaya a tener estas dos últimas competencias, que seguirán siendo estatales. Lo contrario, de acuerdo con el presidente del Gobierno, sería inconstitucional.
Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, y Jordi Turull, secretario general de Junts, se reunieron este miércoles en el Congreso de los Diputados con esta diferencia de interpretación sobre la mesa. Ambos dirigentes han forjado una relación sólida tras las largas negociaciones en Bruselas que desembocaron en el apoyo de los posconvergentes a la investidura de Sánchez a cambio de, entre otras iniciativas, la amnistía del ‘procés’. Según fuentes conocedoras del contenido del encuentro, que se prolongó durante cerca de hora y media, la idea sobre la que Cerdán y Turull han empezado a trabajar es la de presentar, en una fecha aún por determinar, una proposición de ley firmada tanto por el PSOE como por Junts, según ha podido saber EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica.
A partir de ahí, comenzaría la negociación con el resto de grupos parlamentarios. Al tratarse de una ley de rango orgánico, se necesita mayoría absoluta para que resulte aprobada. Es decir, tendría que contar con el consenso de las formaciones que votaron a favor de la reelección de Sánchez, incluida ERC, que ya ha mostrado recelos. Sin él, no podría salir adelante. Por el momento, el lendakari, Iñigo Urkullu, ya ha reclamado el mismo traspaso a Euskadi de las competencias migratorias, en aplicación del acuerdo de investidura firmado por el PSOE y el PNV.
La discreción absoluta
La negociación sobre los términos de la futura norma, cuyo solo anuncio ya ha despertado una enorme controversia, comenzará a partir de ahora. Como en todo lo que concierne a las relaciones entre el PSOE y Junts, estará marcada por la discreción más absoluta. Ambos partidos se habían dado la espalda hasta después de las elecciones generales del pasado 23 de julio, que marcaron el cambio de escenario, y tras el susto de la pasada semana, cuando los posconvergentes estuvieron a punto de tumbar los decretos que contenían importantes avances sociales, quieren dejar de llevar las negociaciones al último minuto. Según fuentes de Junts, el PSOE pidió disculpas por las formas durante la tramitación de los decretos, y ambos partidos acordaron una reunión inmediata para engrasar los mecanismos.
Ni Cerdán ni Turull quisieron dar explicaciones sobre lo abordado en el encuentro de este miércoles. “Es una reunión de trabajo, como muchas más que vamos a tener. No pretendemos comunicar nada. Las relaciones siguen siendo fluidas”, señaló antes de comenzar la cita el número tres del PSOE, que rechazó cualquier negociación sobre un referéndum de independencia. “Evidentemente, no”, dijo. Turull se expresó al inicio en términos igual de poco locuaces. “Mientras estamos hablando, no comentamos nada. Solo comentamos en caso de que haya acuerdo o desacuerdo”, explicó. Y después, cuando el encuentro ya había terminado, el secretario general de Junts evitó ir más allá. “Ha sido una reunión de trabajo. Haremos muchas. Tenemos mucha tarea por delante y queremos hacerlo bien”, se limitó a señalar.
La amnistía
Entre esa ingente tarea que socialistas y posconvergentes tienen “por delante” se encuentra la negociación sobre los Presupuestos de este año, donde el partido de Carles Puigdemont vuelve a ser indispensable para que las cuentas públicas sean aprobadas, y las enmiendas a la ley de amnistía. Junts decidió el martes no firmar las modificaciones que el PSOE registró junto a otros grupos (Sumar, ERC, EH Bildu y el BNG) y en su lugar propuso, al igual que hicieron los republicanos, eliminar el punto en el que se dejaba claro que los condenados con sentencia firme por terrorismo quedarían fuera de la amnistía, algo que pretenden revertir eliminando este punto de la ley, buscando que sí sean amnistiables los casos en los que hay acusaciones o condenas por estos delitos, algo que el Gobierno rechaza.
Pero este no fue el único contacto que los socialistas mantuvieron con el independentismo catalán a lo largo de la jornada. El ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, también celebró una reunión, en este caso telemática, con el presidente del grupo de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, para intentar consensuar los cambios de la ley que dará carpetazo judicial al ‘procés’.
