La Constitución española se reforma si PP y PSOE se ponen de acuerdo. Y solo se debate sobre aquellos cambios que ambas formaciones hayan pactado. Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez cerraron hace unas semanas un acuerdo para que el término «disminuido«, una de las vestigios de una Carta Magna que se aprobó en 1978 y que se mantiene casi inalterada, desaparezca de la Constitución para alegría de las más de 4.300.000 personas con discapacidad que viven en España. Sin embargo, ese no ha sido el único acuerdo entre populares y socialistas. Ambas formaciones han decidido inadmitir a trámite más de una decena de enmiendas presentadas por otros partidos, impidiendo siquiera que este jueves se debatan sus propuestas.
En una reforma exprés que ha sido duramente criticada por todas las formaciones, PSOE y PP registraron a finales de diciembre una proposición de ley para modificar el artículo 49 de la Constitución. El texto fue consensuado entre ellos. Ningún otro grupo fue consultado. Ahora, ambos partidos se han vuelto a aliar en la Mesa del Congreso para inadmitir las enmiendas de Compromís, Més o PNV. El argumento ofrecido es que «no se ajustaban a la reforma del artículo concreto».
La decisión de populares y socialistas impedirá que el este jueves se debaten iniciativas como la de Compromís, que reclamaba la inclusión del derecho civil valenciano; la de Més que pedía que Formentera tuviera senador propio en la Cámara Alta; o la decena de iniciativas del PNV en las que reclamaban desde limitar la inviolabilidad del rey a suprimir el artículo 155 o reconocer el derecho del País Vasco a la autodeterminación. En la anterior reforma de la Constitución, en 2011, ya actuaron de la misma manera.
El lenguaje y los derechos
El «oasis» -en palabras del propio Feijóo- de entendimiento que existe entre PP y PSOE en torno a las reformas de la Constitución tendrá como resultado más que positivo la eliminación de la palabra «disminuidos«, que será sustituida por «personas con discapacidad» con una amplia mayoría. Vox, con su abstención, impedirá lograr el ‘sí’ unánime de la Cámara Baja.
El texto, que se aprobará este jueves en el Congreso y recibirá el visto bueno definitivo del Senado el próximo miércoles, recoge que los poderes públicos «impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesible». Añaden que «se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad».
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez, ha aplaudido este miércoles que esta reforma deja «a las personas con discapacidad, a sus familias y al país elementos de mejora para que en dos o tres generaciones la discapacidad no sea un castigo, sino un elemento de diversidad». Aun así, también ha recordado las «las penalidades y los momentos ingratos» que han pasado para lograrlo, con años a la espalda reclamando este acuerdo.
La obligación de Europa
Esta será la tercera modificación que sufre la Carta Magna desde su nacimiento. 45 años cumplió el pasado 6 de diciembre. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, recordó que es la primera «con un contenido verdaderamente social». Y es que en las ocasiones anteriores, la Constitución se cambió más por imposición de la Unión Europea que por la voluntad política del Congreso.
La primera fue en 1992, cuando se firmó en Maastrich el Tratado de la Unión Europea que reconocía el derecho de los ciudadanos de todo el espacio a presentarse a las elecciones locales de otros países. Así, todos los partidos de la Cámara –PSOE, PP, CiU, IU, CDS, PNV y el grupo mixto– apoyaron incluir en el artículo 13.2 la expresión «y pasivo» referido al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en los comicios municipales.
Casi 20 años después, en 2011, las Cortes Generales se vieron obligadas a realizar la segunda modificación. Fue en mitad de la crisis económica que arrancó en 2008 y el objetivo, marcado por la Unión Europea, fue garantizar el principio de estabilidad presupuestaria vinculando a todas las Administraciones Públicas. PSOE y PP, quienes acordaron el cambio, sumaban 323 diputados. Las demás formaciones no acudieron a la votación. Al igual que en esta ocasión, el debate fue nulo.
