La concejala avisa que el comunicado respaldado por su agrupación solicita «que se acuerde la apertura de expediente que declare la invalidez y consecuente nulidad de todas las actuaciones del expediente de contrato menor 9211/2023, por la intervención decisiva en el mismo y con influencia, también del alcalde, conforme a la jurisprudencia de aplicación, ya que lo pretendido oculta una evidente satisfacción de intereses ajenos al fin de la actividad administrativa, y para beneficiar con dicho informe los intereses de la empresa de Pepe López, El Paso 2000, S.A, de la que era Administrador único y hoy de su esposa e hijas».

Abonar y resarcir al Ayuntamiento

Artiles considera en el escrito que «instruido el correspondiente expediente y declarada la invalidez y nulidad de todo lo actuado, se requiera al alcalde que abone al Ayuntamiento el importe de la adjudicataria del contrato, por importe de 5.500,00 euros, abonado de su propio pecunio y de forma personal, como resarcimiento al Ayuntamiento y por ende, a los vecinos y vecinas de Ingenio».

El comunicado, que se remite al artículo 76 de la Ley de Bases de Régimen Local, especifica que «la actuación del alcalde, José López Fabelo, buscaba obtener un beneficio particular evidente con la emisión de un informe jurídico, pagado con dinero de los ciudadanos de Ingenio, para satisfacer los intereses privados de la empresa de su esposa, que en su día también presentó alegaciones en el Cabildo de Gran Canaria en el expediente de declaración de interés social del proyecto oponiéndose por los mismos motivos que el alcalde, don José López Fabelo, utiliza y argumenta para la emisión del informe de la ULPGC».

Agrupa Sureste entiende que «la actuación del alcalde en este expediente de contratación tiene una influencia decisiva en obtener un informe jurídico, abonado con dinero público, que satisface además las pretensiones particulares de la empresa El Paso 2000, de la que era Administrador único y hoy su esposa es la presidenta, y puede ser utilizado la posibilidad de impugnaciones de acuerdos municipales por la misma, o por terceros».

Concluye que «en un acto de responsabilidad y transparencia con la ciudadanía, considera que el informe externo debe ser invalidado y que López devuelva a los vecinos los 5.500 euros que costó la elaboración de ese documento».

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