El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, mantiene bloqueados 1,6 millones de euros del empresario navarro Luis Ángel García Cancio, que está investigado en la pieza 14 del caso Tándem (Proyecto Ámbar) por contratar al comisario jubilado José Manuel Villarejo por 300.000 euros para presuntamente extorsionar a su expareja, según consta en una resolución, a la que ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica.
La decisión del magistrado se llevó a cabo mediante un auto de 28 de octubre de 2019, que tuvo en cuenta la reclamación que había presentado en la Audiencia Nacional la expareja de García Cancio, que había pedido que se frenara la subasta de la empresa Welde Corporation SL. Pero la solicitud llegó tarde y García Cancio pudo hacerse con las acciones de la sociedad, valorada en 1,6 millones de euros. Finalmente, el notario acabó bloqueando la operación a instancias de la Audiencia Nacional.
La justicia había subastado la empresa de la expareja de García Cancio, pues este disponía de un papel firmado en el que ella reconocía que tenía una deuda de 1,7 millones. Este documento, rubricado el 21 de julio de 2015 sumía, según la mujer, una deuda que en realidad era «ficticia», pues se había elaborado «bajo extorsión». Este hecho ha sido negado en todo momento por el empresario navarro.
García Cancio utilizó este reconocimiento para acudir a los tribunales y reclamar que embargaran a su expareja por un total 1,76 millones de euros. Al final el Juzgado de Primera Instancia número 77 de Madrid le dio la razón y subastó la propiedad de la firma Welde Corporation SL, que acabó siendo valorada en 1,6 millones.
«Bajo presión»
En su declaración como perjudicada en la Audiencia Nacional la mujer relató que el documento que propició la ejecución judicial «fue firmado bajo presión de su expareja» que según dijo gozaba de la protección del comisario Villarejo, pero también del ex jefe policial del Aeropuerto de Barajas Carlos Salamanca, ambos imputados en esta pieza separada.
«Con su solicitud, la denunciante aportó comunicaciones aparentemente contradictorias del que era su letrado a la firma del documento, y que luego dirigió la demanda contra ella en nombre de Luis Ángel García Cancio», destaca la Fiscalía Anticorrupción en un escrito, que apunta que esta documentación podría considerarse como «una prueba de irregularidades o maniobras fraudulentas en la firma del contrato de julio de 2015 (en el que por sí se pactan prestaciones de dudosa reciprocidad) y en la posterior ejecución judicial de la deuda reconocida».
Estos indicios, prosigue Anticorrupción, evidencian que una de las formas en la que García Cancio habría coaccionado a la perjudicada pudo ser «la firma forzada del contrato». Entre estas presuntas intimidaciones, según se puede leer en el sumario de la pieza 14 de Tándem, la mujer denunció la supuesta persecución de un coche. Este hecho no habría sido investigada de forma diligente por la Policía. También dijo que no habían sido tenidas en cuenta sus denuncias por violencia de género.
Vigilante de seguridad
En cuanto a la persecución en coche consta un informe de la Unidad de Asuntos Internos del caso Tándem que especifica que tras la denuncia de la mujer, que aportó una fotografía del vehículo, la Policía Nacional descubrió que el propietario del mismo era un vigilante de seguridad, a cuyo teléfono móvil fue llamado. El sospechoso no contestó.
Este diario ha tenido acceso a la versión de García Cancio, que acusa a su expareja de haber instrumentalizado el caso Villarejo para recuperar los fondos, que le fueron adjudicados de forma legal tras la finalización de un procedimiento civil: «La actuación procesal de […] podría ser incluso rayana en un fraude procesal, al traer a esta jurisdicción penal, y nada más y nada menos, que de la Audiencia Nacional, puras pretensiones civiles, tratando de confundir», explica el escrito de defensa del empresario navarro, que también sostiene que su excompañera «ocupó ilegalmente la casa».
Tal y cómo adelantó este lunes El Periódico de España, Manuel García Castellón, mantiene imputado por cohecho activo al ex comisario jefe del aeropuerto de Barajas Carlos Salamanca al constatar, gracias a la investigación desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción, que este alto mando policial disfrutó de viajes de lujo a Venecia, Cannes, Córdoba y Marbella, algunos de ellos pagados con una tarjeta vinculada a una entidad financiera Suiza.
