El juzgado togado Militar 21 de Sevilla será, finalmente, el encargado de juzgar el caso del fallecimiento del cabo Miguel Ángel Jiménez y del soldado Carlos León, militares del Regimiento de Infantería La Reina 2 de la Brigada Guzmán el Bueno X. El juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba ha decidido inhibirse este martes, siguiendo el criterio de la Fiscalía, y deja a la jurisdicción militar el esclarecimiento de las muertes por ahogamiento durante unas maniobras en la base de Cerro Muriano.
El propio juzgado togado había pedido a Instrucción 4 que tomase esta decisión hace semanas. El juez José Luis Rodríguez Lainz, titular del juzgado cordobés, realizó una consulta al ministerio público. Mediante un informe, la Fiscalía señaló que la jurisdicción militar era «la competente» para este caso, aunque la última decisión correspondía al magistrado. Las familias, que forman tres acusaciones diferentes, presentaron las correspondientes alegaciones contra ese escrito.
Ahora, tras conocer la decisión final del juez y que el caso recaerá en la jurisdicción militar, una de las acusaciones particulares, al menos, ha confirmado a Diario Córdoba, del grupo Prensa Ibérica, que va a presentar un recurso. Esa confrontación judicial, como adelantó ayer el abogado del cabo Jiménez, se dirigirá a la Audiencia Provincial.
La posibilidad de acusar de homicidio, en el aire
El motivo por el que las acusaciones piden que Instrucción 4 mantenga el caso es que los juzgados militares, como explicaron Antonio Granados y Francisco José Pérez, abogados de la viuda y de los padres de Miguel Ángel Jiménez, son más «taxativos» y pueden limitar las posibilidades que ambos letrados plantearon de acusar al capitán -y, probablemente, según los letrados, a la cadena de mando compuesta por el coronel y el general- de un delito de homicidio, en lugar de homicidio imprudente como se habló al principio.
Ambos letrados consideran que pudo existir un «dolo eventual», es decir, que el capitán era consciente del peligro que entrañaba practicar las maniobras y, pese a ello, permitió que se realizaran. Granados señaló hace días a este periódico que tenía «pleno conocimiento» de que el ejercicio no se estaba practicando «con todas las garantías» y, por tanto, «no debería haberlo ordenado».
Según indicó el abogado de la viuda, se produjo una «concatenación de errores» evitable, empezando porque, como precisó, no existía una línea de vida. Además, nuevos testimonios de compañeros de los fallecidos, según avanzaron dos de las acusaciones, revelaron que algunos militares -entre ellos, Carlos León- llevaban «lastres» como «castigo». A eso, se suma que el frío causó que otros dos compañeros tuvieran que ser evacuados con hipotermia tras introducirse en el lago artificial situado en el término municipal de Obejo, donde practicaban un ejercicio de paso de aguas.
