Podemos y varias asociaciones (la fundación Motescola, Ecologistas en acción y la plataforma pola defensa do mar da comarca Muros-Noia) presionan para que dos empresas comparezcan en calidad de investigados por la crisis de los pellets en Galicia. Se trata de la responsable de los contenedores de estos microplásticos, Maersk, y Bedeko Europe Company, encargada del etiquetado de los pellets. Y piden que lo hagan “sin perjuicio de otros más culpables”.
En el documento, al que ha tenido acceso ElPlural.com, aparecen el nombre de Francisco Javier Salmonte Rosendo, del Ilustre Colegio de Procuradores de Santiago de Compostela, y del ingeniero de Minas y miembro de IAENG, Miguel Ángel Gallardo Ortiz, en representación de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas, al considerar que los hechos podrían obedecer a un “presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente”.
En el texto se pide la citación “como investigados” de los “representantes legales del Grupo Maersk”, responsable de contenedores, y de Bedeko Europe Company, que se encarga del etiquetado de los pellets vertidos. Asimismo, los remitentes piden “que se requieran pellets dubitados e indubitados, es decir, los encontrado en las costas de Galicia y otras comunidades, y en Portugal, así como los que se están fabricando ahora y vendiendo de los mismos lotes o composición idéntica a la de los vertidos, para cotejarlos con todo rigor y que sean todos analizados por el Instituto Nacional de Toxicología”.
También solicitan “que se identifiquen todas las normas técnicas aplicables a European Standrard (EN) a la seguridad y sanidad de pellets, su fabricación etiquetado y manipulación” y que “se requiera a todas las compañías aseguradoras de los contenedores, naviera, fabricante y responsable del etiquetado máxima consignación para hacer ya frente a toda su responsabilidad derivada, tanto de cualquier problema de salud como de todos los costes de limpieza, daños y perjuicios ocasionados por el vertido”. En la misma línea, proceden a la petición de transparencia “que se explica por sí misma, todo ellos in perjuicio ni renuncia de cualquier otro derecho o acción que nos corresponda”.
Solicitan más información
En el texto se solicita asimismo información a los gobiernos del resto de autonomías afectadas por los pellets de plástico –Asturias, Cantabria y País Vasco-, lo mismo que los ministerios de Sanidad y Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
En concreto, piden conocer más detalles “sobre todos los análisis pagados con fondos públicos hasta los pellets o bolitas de polímeros o resina o plástico detectadas en las cosas hasta la fecha, identificando a responsables de encargos y pagos, con los documentos publicables, con especial detalle y precisión en cuanto pudiera ser tóxico o dañino para la salud”, así como “información de todos los análisis realizados a personas, animales o plantes que hayan estado expuestos al vertido detectado, con todo detalle y precisión sobre cualquier enfermedad, daño o molestia que pudieran provocar los citados pellets, con especial atención hacia lactantes y embarazadas, así como a la leche materna”.
“Responsabilidad penal”
En términos todavía legislativos, la fundación Stop Ecocide Internacional (de Stop Ecocidio) y, más concretamente, su cofundadora Jojo Mehta, pide una legislación más estricta sobre los microplásticos a raíz de la crisis de los pellets.
La confundadora de esta organización ecológica asegura que las sustancias de pequeño tamaño que han aparecido en las playas gallegas “representan a otra contribución devastadora a la crisis de los plásticos en los océanos”. “Cada uno de nosotros se ve afectado por este problema, ya que los microplásticos se encuentran regularmente en la sangre humana y materna”, enfatiza.
Y asegura que “solo cuando haya responsabilidad penal para aquellos responsables veremos una reducción en este tipo de contaminación”. “Para proteger verdaderamente el océano de la contaminación grave e imprudente, debemos esclarecer el ecocidio como un delito bajo el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, donde pertenece, junto con el genocidio, los crímenes de guerra y contra la humanidad”, estima, según ha podido saber este medio.
En un aspecto más positivo, Stop Ecocide Internacional celebra el “desarrollo de legislación específica por parte de la Unión Europea (UE), para prevenir derrames de pellets”. Cabe destacare que el año pasado Bruselas fortaleció su Directiva sobre Delitos Ambientales al consagrar en la ley un nuevo delito que persigue los casos comparables el ecocidio. Los resultados, esperan las asociaciones, se empezarán a notar en los próximos 24 meses.
Asimismo, se propusieron proyectos de leyes nacionales de ecocidio el año pasado en Inglaterra, Escocia, Italia, España, Bélgica, Países Bajos y zonas de América como Brasil o México.
