El Gobierno sigue matizando y rebajando el alcance de los acuerdos con Junts a cambio de su abstención en los tres primeros decretos del Estado. Después de que varios ministros circunscribiesen el pacto para delegar a la Generalitat las competencias en política migratoria a una futura ley orgánica (lo cual implica 176 votos a favor en el Congreso: es decir, el apoyo del bloque de investidura), donde se concretaría esta cesión, Pedro Sánchez ha limitado el acuerdo a las políticas de integración social o las autorizaciones de empleo. Desde Junts habían explicado que este acuerdo permitiría a la Generalitat expulsar a migrantes por reincidencia de delitos o controlar los flujos migratorios.
«Todo lo que tiene que ver con el control de fronteras y la lucha contra la inmigración irregular está residenciado en el Estado», ha defendido el jefe del Ejecutivo en una entrevista en RNE. El control sobre la inmigración irregular, ha aclarado, «no se puede transferir» por estar recogida como una competencia propia del Estado en el artículo 149 de la Constitución. Sánchez ha limitado así el acuerdo con Junts a delegar competencias relativas a la integración social de los migrantes, como recoge el Estatut. Esto es, sobre los itinerarios de empleo, o las competencias en educación, vivienda y servicios sociales. El Tribunal Constitucional, de hecho, ya tumbó el grueso de la parte de la reforma del Estatut relativa a polítcas migratorias.
Lejos de las pretensiones puestas sobre la mesa por parte de los posconvergentes, que se refieren a una delegación de competencias «integral», Sánchez ha asegurado que la intención es hacer más eficaz la política migratoria y siempre dentro del pacto del acuerdo en el seno de la UE del pacto sobre migración y asilo.
En los últimos días, el PP había advertido de que la delegación de competencias en los términos explicados por Junts era «inconstitucional». Asimismo, dentro del PSOE, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, compartió estas tesis. “Que haya que estar mercadeando hasta con la soberanía nacional no es tolerable”, lamentó en declaraciones a los medios el pasado viernes para asegurar que «ningún Estado puede renunciar a la competencia de fronteras y, por tanto, de inmigración».
El Gobierno tampoco se ha cerrado a traspasar las competencias de inmigración a otros territorios. Eso sí, dudando del interés por la “complejidad” de su gestión. El PSOE ya pactó con el PNV en el acuerdo de investidura ceder en un primer paquete de transferencias las competencias relativas a fijar los itinerarios de inclusión del sistema estatal de acogida.
