La declaración del «conflicto armado interno» encuentra a todos los partidos políticos ecuatorianos detrás del presidente Daniel Noboa. Antes de que los uniformados comenzaran a patrullar sistemáticamente las calles de Guayaquil, la ciudad más afectada por la crisis de seguridad, las fuerzas que integran la Asamblea Nacional (AN, Congreso) decidieron alzar la mano para respaldar la adopción de indultos y/o amnistías de integrantes de los militares y la Policía que participen de acciones contra integrantes del narcotráfico, considerado desde hace tres días simples terroristas. La unidad, sin embargo, tiene sus límites. Noboa ha dicho que una «una guerra cuesta y cuesta dinero» y lo obliga a adoptar «medidas económicas duras«, entre ellas un alza del IVA del 12% al 15%. La oposición le ha anunciado que no votará esa iniciativa.
El presidente del Parlamento, Henry Kronfle, había exaltado el horizonte común de las agrupaciones con representación parlamentariatras la fuga de sus respectivas prisiones de los líderes de las bandas Los Choneros y Los Lobos, las más peligrosas del país, y el inmediato desafío que lanzó el narcotráfico a los podres del Estado. «Nos encontramos trabajando sin importar las diferentes corrientes políticas e ideológicas que representamos. La situación actual exige colaboración y cohesión», dijo. La AN aprobará también 41 proyectos de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para adecuarlo a las circunstancias.
Este giro genera no obstante impugnaciones. «Para enfrentar el crimen organizado lo que se necesita no son soldados, sino fiscales«, alertó al respecto Juan Pappier, subdirector de la división de Human Rights Watch (HRW). El decreto presidencial presidencial insta a «neutralizar» a las 22 bandas que operan en este país con un alto costo de vida. Pero ese verbo, se sostiene, puede conducir a «abusos» al encubrir una determinación letal del Estado. «Hay parámetros claros de derecho internacional que Ecuador debe cumplir para tomar una decisión de este tipo. Y lamentablemente el decreto que toma esta decisión está plagado de errores y no justifica adecuadamente esta decisión. Desde un punto de vista jurídico, es altamente cuestionable».
El Departamento de Estado norteamericano anunció que la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson, aterrizará en Quito para colaborar con Noboa. «Estados Unidos se encuentra en contacto con el Gobierno ecuatoriano en medio de una ola de violencia que ha incluido atentados donde murieron dos policías, explosiones, vehículos incendiados e incluso el asalto armado a un canal de televisión», dijo el portavoz Matthew Miller.
Rechazo a un impuestazo
Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano (PSC) anticiparon no obstante su voto contrario a la suba del IVA. El Gobierno busca con esa iniciativa recaudar en un año 1306 millones de dólares y, de esta manera, acotar el déficit en el fisco, que en 2023 fue de 6.000 millones de dólares. La Revolución Ciudadana, que responde al expresidente Rafael Correa, en el exilio, y cuenta con la bancada más numerosa en la legislatura consideró que esa medida «afecta a la clase media y a los más pobres«. El correísmo es más proclive a establecer un impuesto a la salida de divisas y redoblar los esfuerzos en la lucha contra la evasión impositiva. Vicente Taiano, del PSC, anticipó que «no votaremos por la creación o aumento de ningún impuesto«. Taiano se mostró favorable a una contribución especial y momentánea como ocurrió tras el terremoto de 2016. El PSC es aliado de Noboa. Teme, sin embargo, que un golpe a los bolsillos y una afectación mayor del pequeño comercio podría desencadenar problemas mayores en medio de la presente crisis.
«Es un golpe y una traición al pueblo y a la mayoría que está en condiciones deplorables, cuando hay seis millones de ecuatorianos que están en camino de pobreza y extrema pobreza, y por otro lado, aquí con la ley de eficiencia económica perdonaron deudas a los grandes grupos económicos», dijo la legisladora Mariana Yumbay, del movimiento Pachakutik, que nuclea al movimiento indígena y que tiene una considerable capacidad de movilización. Lenin Moreno y Guillermo Lasso, los antecesores de Noboa en el Palacio Carondelet tuvieron que enfrentar fuertes protestas de los pueblos originarios por sus políticas económicas. Pachakutik señaló que deben ser los sectores de mayores recursos los que financien el «conflicto armado interno».
Respaldo empresario
«El costo que tiene alcanzar la paz es muy alto y toma mucho tiempo. Para lograrlo se necesita del esfuerzo de todos. El IVA es un impuesto de fácil recaudación y baja evasión, lo que asegura su rápida recolección. Creemos que esta medida aportará recursos importantes para ayudar a combatir al terrorismo», indicó la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG), la ciudad más afectada por el problema del narcotráfico. «Entiendo que pagar más impuestos es un esfuerzo para todos, pero es necesario para afrontar la crisis que atraviesa el país. Sin embargo, para que este ajuste sea aceptable debe venir acompañado de una reducción por parte del Estado del gasto corriente, una focalización de subsidios y la transparencia fiscal», estimó la Cámara de Comercio de Quito (CCQ).
El Gobierno no tiene mucho tiempo. El ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, se apresta a partir a Washington DC para reunirse con organismos multilaterales. Según el diario Expreso, Vega no quiere llegar con las manos vacías a su encuentro con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En este contexto, la ofensiva en las ciudades de los militares y la policía no anula por ahora la capacidad del narcotráfico. Cinco presos se fugaron de la Penitenciaria del Litoral. Fabricio Colón Pico, el líder de Los Lobos que se había escapado de una prisión días atrás, le envió un mensaje a Noboa expresando su intención de entregarse a las autoridades. «Mi vida corre peligro. Entienda señor presidente, usted garantice mi vida, que no me va a pasar nada y yo me entrego».
El presidente tuvo una respuesta enfática. Aseguró haber recibido otro video de Los Lobos «en el que tienen secuestradas a 30 personas y quieren acogerse al Tratado de Ginebra«. Al respecto añadió: «hay que tratar a los terroristas como terroristas. Nosotros actuaremos con firmeza».
