«Toda esta gente pagará por lo que ha hecho». Esa gente son los jueces. Quien lo dice es la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados. Partido que, con sus siete votos y sus exigencias, sostiene al Gobierno de Sánchez (pues me niego a aceptar que eso sea un Gobierno socialista). Y lo que han hecho, es prevaricar, según esa mente privilegiada. Pero también se puede decir todo lo contrario de lo que manifiestan esos independentistas, que quieren gobernar España pero no quieren ser españoles. Veamos: quien lo contradice es un mero juez que, tras más de cuarenta años de ejercicio, jamás ha visto un deterioro y un ataque tan grave de la justicia. Y lo que han hecho los jueces es simplemente cumplir su función constitucional, que no es otra que juzgar y ejecutar lo juzgado. Y si ello va en contra de intereses partidistas, son delincuentes. La preparación jurídica de la diputada, desde luego, es muy superior a la de los jueces, y su misión en el Parlamento es la de interpretar y aplicar la ley. Eso se llama ataque a la independencia judicial, al equilibrio de poderes, a la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, a la democracia y al Estado de Derecho. Lo mejor sería -según esa portavoz- que los políticos juzguen, hagan las leyes y gobiernen. Eso me suena a algo que no es precisamente democracia.
En fin, ahí están, poniendo condiciones a todos los españoles e incluso amenazando, o advirtiendo, si lo prefieren, al mismísimo presidente del Gobierno que como ponga en peligro la ley de amnistía, no les van a votar. El resultado es que Junts se ausenta del Congreso en la votación de varios decretos referidos a justicia, función pública, conciliación y subsidios de empleo (este último, como es de Yolanda, se lo carga Podemos) a los que el Gobierno se comprometió con Europa para percibir un cuarto pago de los fondos de recuperación europea. Eran los objetos de ‘advertencia’ por Junts. La razón esgrimida no es otra que el artículo 43 bis de la Ley de Amnistía, que recoge que un tribunal puede dejar en suspenso la aplicación de una ley en un asunto concreto si se plantea una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que puede tardar un par de años en resolver. De esta manera, el valiente Puigdemont podría ser detenido si osa pisar terreno español (perdón, catalán). Lo que no saben los de Junts, o si lo saben, es que lo que quieren es derogar otra norma por debajo a través de la Ley de Amnistía, y es que eso ya existía. En la actualidad, si un tribunal plantea una cuestión de inconstitucionalidad de una norma ante el Tribunal Constitucional, mientras este resuelve, el proceso se paraliza. Además, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal establecen que, si un juez hace una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se suspende el procedimiento, hasta que este se pronuncie. Por tanto, no es nada novedoso lo que establece el proyecto de Ley de Amnistía en este punto. Lo que pasa es que si el TJUE o el TC tardan dos años en resolver la cuestión planteada, el salvador de la patria catalana no podrá visitarla si no quiere ser detenido, salvo, claro está, que un nuevo as de la manga sea sacado para que entre bajo palio.
Mientras que eso sucede, o los jueces son juzgados por Junts, la investigación acerca del rastro de los ‘billetes pepito’, referidos a Puigdemont, continúa. Es algo que me llama mucho la atención y tengo enorme curiosidad por saber quién está pagando la fuga de Carles. La Guardia Civil sospecha que el entorno del expresident recurrió a transferencias en criptomonedas para fichar a un experto en vulnerabilidades tecnológicas. Al parecer, son empresarios afines al mismo los que enmascaran actividades económicas para ocultar los fondos que dedicaban al independentismo. Ojalá sea así, y no seamos los españoles los que encima le estemos sufragando su huida de la justicia. A las criptomonedas se les llama ‘espaguetis’, según las conversaciones detectadas por la Guardia Civil. Se piden 5.200 espaguetis, dos mil de ellos con carácter urgente. También, en otra ocasión parecer ser, que se solicitaron 25.000 euros para pintar la casa. Supongo que, o será muy grande, o le darán un bañito de oro a las brochas. El despropósito de todo es tal que no puede salir bien este peregrinaje de idas y venidas a Bruselas. Antes que acabe este año, lo veremos y lo viviremos.
