200 euros y la retirada de seis puntos del carné. Es la sanción que acarrea hablar por el móvil al volante, ya sea en carretera o en vía urbana. Pero dependiendo del municipio por donde se circule, el conductor solo tiene que afrontar el pago de la multa y sigue con el saldo de créditos intacto o, por el contrario, si comete otra infracción igual se quedará sin carné, tendrá que hacer un curso y volver a examinarse para poder conducir de nuevo. Es la consecuencia del incumplimiento por parte de cientos de ayuntamientos con Policía Local en España del sistema por puntos —un total de 40 en Galicia, tal y como avanzó esta semana LA OPINIÓN—, un modelo en vigor desde 2006 y por el que las administraciones locales están obligadas a comunicar a la DGT las sanciones penalizadas con la retirada de créditos del permiso de conducir.
Desde la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ya han movido ficha para analizar los motivos en cada caso y hacer un seguimiento. Para ello, el órgano de poder local, presidido por Alberto Varela, ha acordado solicitar una reunión con la responsable de la DGT en Galicia y jefa de Tráfico en A Coruña, Victoria Gómez Dobarro, para “conocer en detalle todo los relacionado con esta situación”. Además, desde la Fegamp se contactará con los ayuntamientos que están en esa lista de municipios que no notifican las infracciones con retirada de puntos a Tráfico para que este incumplimiento “se resuelva de acuerdo con las normas vigentes” y —añaden fuentes del órgano de poder local— “persiguiendo el objetivo de contribuir totalmente desde los concellos con la seguridad vial, y evitarles también los posibles perjuicios administrativos”.
Este incumplimiento puede suponer la comisión de un presunto delito de prevaricación omisiva, según advierte la fiscal de Seguridad Vial en Galicia, Paula Grau, cuando se trata de una actuación “voluntaria o pertinaz”. En este caso, la pena a la que se enfrentan los alcaldes díscolos va desde una multa y la suspensión de empleo y sueldo hasta la inhabilitación.
En la lista de los 130 municipios con Policía Local en Galicia, 40 se saltaron en 2022 la obligación legal de comunicar a la DGT las sanciones con retirada de puntos, según el último balance disponible. Se trata de Oleiros, Cerceda, Miño, Bergondo, Malpica, Neda, Vimianzo, Arzúa, Cariño, Cabana de Bergantiños, Abegondo, Tordoia y Corcubión, en la provincia de A Coruña; Viveiro, Burela Chantada, Mondoñedo, Cervo, Quiroga, A Fonsagrada, Guitiriz, Palas, Friol y Rábade, en Lugo; Carballiño, Verín, Ribadavia, Maceda, A Rúa, Viana do Bolo y Pobra de Trives, en Ourense, Sanxenxo, Bueu, Meaño, Arbo, Cuntis, O Rosal, Vilaboa, As Neves y Vila de Cruces, en Pontevedra.
Coincidiendo con la publicación en este periódico del incumplimiento con el sistema por puntos en vías urbanas, la responsable de la DGT en la comunidad gallega recordaba que “la comunicación de la detracción de puntos de las infracciones cometidas en las vías urbanas es una obligación legal para los alcaldes, derivada de su competencia para denunciar y sancionar en esas vías, tal y como se establece en la Ley de seguridad vial (artículo 7)”. “No es potestativo”, les advertía en declaraciones a este diario. “Las infracciones —sentenciaba— son objeto de su correspondiente procedimiento sancionador autónomo. Los puntos, aunque se reflejen en un texto de una sanción, son pérdida de confianza y reproche por determinadas conductas, graves y muy graves contrarias a la seguridad vial”.
