El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha procesado por un delito de integración en ISIS de Yolanda Martínez y Luna Fernández, las dos mujeres españolas casadas con Yihadistas que fueron repatriadas hace un año desde el campo de prisioneros de Al Roj, en Siria. Llegaron a nuestro país acompañadas de 13 menores a su cargo que quedaron bajo custodia de la Comunidad de Madrid
En un auto, el magistrado explica que las dos mujeres participaron en España en actividades en favor de la organización yihadista antes de su desplazamiento voluntario a la zona de conflicto sirio-iraquí junto a sus maridos, una vez proclamado el pseudocalifato en junio de 2014 por Abu Bakr al-Baghdadi, y con plena voluntad de mantener su integración en la referida organización terrorista.
Además, la investigación realizada ha encontrado indicios de que las dos procesadas tuvieron un papel destacado durante su estancia en España dentro del grupo de las mujeres de los integrantes de la Brigada Al-Andalus, manteniendo contactos con otras mujeres que servían para introducir a las conversas dentro de una visión rigorista del Islam.
Con posterioridad, según el relato del instructor, ambas se desplazaron a la zona de conflicto sirio-iraquí junto a sus maridos, compartiendo y aceptando el mismo destino que ellos, con la plena voluntad de formar parte de la organización y la finalidad de poner a su disposición toda su capacidad en las funciones que la propia organización les asignara.
Fueron detenidas tras su llegada a nuestro país en cumplimiento de las órdenes dictadas contra ellas en septiembre de 2019 por el Juzgado Central de Instrucción número 5. En total se emitieron cuatro órdenes contra tres españolas –una de ellas no ha podido ser localizada--y una tercera mujer marroquí que estaban en los campos de Al Hol y Al Roj en Siria, país al que viajaron para enrolarse en las filas del Estado Islámico, después de que expresaran su voluntad de regresar a España.
Adoctrinamiento a sus hijos
En su resolución, el juez dice también que las investigadas siempre mostraron su voluntad de ser miembros de la organización terrorista y que solo solicitaron ser repatriadas a España tras el sitio y caída de la ciudad siria de Baguz. La resolución también incluye las labores de adoctrinamiento llevadas a cabo por las investigadas con sus hijos y con otros menores a su cargo en favor de ISIS.
El auto recoge la doctrina del Tribunal Supremo en relación con la integración en organización terrorista, que no requiere necesariamente la participación en los actos violentos característicos de esta clase de delincuencia, pues es posible apreciar la pertenencia a la organización como integrante de la misma cuando se desempeñan otras funciones diferentes. Añade que es posible apreciar la integración en los casos en los que el autor aporte una disponibilidad acreditada y efectiva para la ejecución de distintos actos, en un principio indeterminados, de favorecimiento de las actividades de otro tipo realizadas por la organización terrorista.
El Gobierno anunció en noviembre de 2022 su intención de repatriarlas, y en la operación desarrollada a tal efecto intervinieron varios ministerios y se ha contado con apoyo de Estados Unidos. Su retorno se considera la única solución humanitaria frente a la situación que todas ellas y los menores sufrían en los campos situados al noroeste de siria, donde sobreviven más de 50.000 personas, la mayoría de ellas menores.
