Meses después de que lo solicitase la Generalitat, los límites en las subidas del alquiler en zonas de precios tensionados entrarán en vigor en febrero en Cataluña. Así lo ha anunicado este jueves la consellera de Territori, Ester Capella, tras reunirse en Madrid con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Según ha afirmado, la representante del Gobierno central se ha comprometido a aprobar el mes próximo la declaración de áreas tensionadas que el Govern le mandó en agosto, así como el índice de referencia de precios del alquiler, paso imprescindible para que en dichas zonas se puedan aplicar los límites incluidos en la ley estatal de vivienda aprobada en mayo del año pasado.
El Govern incluyó 140 ciudades y pueblos catalanes -en los que viven 6,2 millones de personas, el 80,6% de la población de la comunidad- en su lista de municipios con precios del alquiler tensionados. Prácticamente un centenar de ellos están concentrados en Barcelona, su área metropolitana y las ciudades más grandes de las comarcas del Vallès. Territori envió la información al Gobierno central en agosto para que -como estipula la ley de vivienda- el Ejecutivo avalase tanto la memoria como el índice de precios por un periodo de tres años, prorrogable cada año mediante el mismo procedimiento.
Capella aseguró entonces que confiaba en que el Ejecutivo diese rápidamente el visto bueno y que los controles a los precios se pudiesen comenzar a aplicar en los municipios catalanes tensionados en el mismo mes de agosto. Pero dicha aprobación del Gobierno, entonces en funciones, se ha retrasado. La ‘consellera’ se lo viene afeando en los últimos meses.
Tensión y límites
Para ser considerada como área tensionadas, hay dos requisitos que marca la ley de vivienda. El primero es que, en la zona, la carga mediana de la hipoteca o del alquiler, más los suministros, supere el 30% de los ingresos medios de un hogar. El segundo consiste en que el precio del alquiler haya subido al menos tres puntos por encima del IPC en los últimos cinco años. Solo se deberá dar una de las dos condiciones.
La ley de vivienda establece que, en aquellas zonas declaradas tensionadas, los arrendatarios podrán acogerse a la finalización del contrato a una prórroga extraordinaria de carácter anual, y por un periodo máximo de tres años, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor. En los nuevos contratos, también se limitará el precio a la renta del contrato anterior, una vez aplicada la cláusula de actualización anual de ese contrato. Además, en el caso de los grandes tenedores (diez o más viviendas en propiedad, aunque la Generalitat aprobó bajarlo a cinco), la renta no podrá exceder el límite máximo fijado por el índice de precios de referencia que el ministerio se ha comprometido a aprobar en febrero, lo que según los casos podría suponer bajadas de precio.
Como excepción, podrá haber un incremento de hasta el 10% en el caso de que se haya rehabilitado el inmueble. En general, los precios no podrían subir en las zonas tensionadas más que un 2% en 2023, un 3% en 2024, y lo que establezca después el índice de referencia para la actualización anual de los contratos de alquiler que se ha encargado que elabore el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En un comunicado, Vivienda ha confirmado que la ministra ha trasladado a la consellera que el Índice de Precios de Referencia de Alquiler se publicará a lo largo de febrero. Asimismo, ha resaltado que el Gobierno se ha comprometido a invertir más de 200 millones de euros en Cataluña dentro del plan estatal de vivienda 2022-2025, de los que ya ha transferido más de 100 millones, a los que se sumarán otros 52 millones en 2024. También ha resaltado que la comunidad ya ha recibido 298 millones para rehabilitación de vivienda y barrios y 126 millones para promoción de vivienda en alquiler social de los fondos europeos, así como otros 182 millones de programas estatales para la rehabilitación de eficios públicos.
