La agónica negociación para la convalidación de los tres primeros decretos de la legislatura ha hecho mella en el Gobierno. Pedro Sánchez logró salvar ‘in extremis’ el veto de Junts a sus textos, aunque no el de Podemos a la reforma del subsidio de desempleo. Una derrota limitada, pero que en cualquier caso sienta doctrina negociadora al inicio de la legislatura al mostrar la debilidad del Ejecutivo de coalición en minoría. Junts lanzó un aviso contundente, Podemos no se quedó atrás y los socialistas dicen asumir la lección. Para garantizar la estabilidad, el PSOE admite que deberá cambiar las “formas” de negociación. De lo contrario, lo que fue un susto puede transformarse en un bloqueo de la legislatura. Un compromiso que trasladan principalmente en la cúpula del PSOE, pero que también asumen los responsables de las negociaciones con los independentistas.
La siguiente prueba de fuego para definir el alcance de la legislatura y el cambio en la forma de relacionarse con los socios serán los Presupuestos Generales del Estado. No obstante, las reformas comprometidas con Bruselas a cambio de los fondos de recuperación tienen un calendario definido de aprobación y de ellas también depende la gobernabilidad. Fuentes de las negociaciones con Junts reconocían ya antes de la recta final de las conversaciones sus críticas a las formas, que consisten en incluir diversos asuntos y temas inconexos en un mismo decreto y, sobre todo, sin apenas tiempo para negociarlo previamente. Aunque las mismas fuentes justifican que en esta ocasión tenían urgencia para cumplir con el calendario de las reformas comprometidas con Bruselas, han trasladado a los posconvergentes y otros socios de investidura el compromiso de evitar estas situaciones durante el resto de la legislatura.
“Exigen otras formas y nosotros estamos de acuerdo, pero en esta ocasión había urgencia” por el desembolso de los 10.000 millones del fondo de recuperación, explicaban en la cúpula del PSOE antes de la sesión plenaria de este miércoles. Junts descalificó los decretos desde un primer momento tachándolos de “macedonia”. Unas críticas que el PNV ya había hecho suyas en la pasada legislatura. De hecho, en el acuerdo de investidura con el PSOE, los nacionalistas vascos forzaron la inclusión de un punto que recogía el “compromiso de utilizar la fórmula del Decreto-Ley únicamente en los casos de excepcional y urgente necesidad”. En cualquier caso, se recogía en el acuerdo, “con antelación a su aprobación, su contenido deberá ser conocido, y en su caso pactado, con EAJ-PNV”.
Las diferencias con ERC
Distintos cargos socialistas admiten que la actitud del Gobierno, negociando a última hora, contribuyó poco al acuerdo. “Hay que cambiar de actitud”, señalaba un diputado durante el pleno. “Hemos actuado igual que la pasada legislatura, como si Junts fuese ERC, pero no es lo mismo. Primero, porque no se mueve con las mismas lógicas de izquierda. Y después, porque busca siempre diferenciarse de los republicanos”, argumentaba otro miembro del grupo socialista.
Desde el PNV a EH Bildu, pasando por ERC y BNG, sus portavoces coincidieron en compartir las críticas al Gobierno por sus “formas” a la hora de presionar a sus socios. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, partido que ha intensificado sus relaciones con Junts, reprochó ya en el arranque de la semana que «el Gobierno de Sánchez cree que continúa en la pasada legislatura, en una situación de pandemia, en la que una figura tan extraordinaria como un decreto-ley se puede seguir utilizando». Un “error” que demandó reconsiderar para garantizar la estabilidad de la legislatura. «Se abren los asuntos como proyecto de ley, se habla, se negocia y se acuerda, y no se monta este batiburrillo que hace que algunos partidos recelen», concluyó.
La posición de Junts, que hasta el último momento no levantó su veto, fue un aviso de su posición fuerza para tumbar las medidas del Gobierno por la ajustada aritmética parlamentaria que tienen los socialistas. Una llamada de atención al inicio de la legislatura sobre las formas del Ejecutivo a la hora de abusar de los decretos sobre la que el Ejecutivo parece haber asumido. “Como dijimos, las cosas no van a ser como hasta ahora”, advertía desde la tribuna la portavoz del Junts, Míriam Nogueras.
Las negociaciones al límite, como en la reforma laboral que en este pleno recordaron algunos diputados socialistas, multiplican ahora sus riesgos por la apretada aritmética. El Gobierno depende de todos sus socios, con el único margen de la abstención de uno de los grupos, siempre y cuando entre en la ecuación Coalición Canaria.
El rechazo de Podemos al decreto que depende del ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, también marca un punto de inflexión. Los morados redefinen sus relaciones con la coalición reclamando negociar como un socio más. Los socialistas consiguieron su voto a favor del decreto anticrisis al pactar la suspensión de los desahucios hipotecarios de familias vulnerables hasta 2028, pero Díaz no logró por su parte llegar a un acuerdo en el decreto del paro. La líder de Sumar acusó al partido de cometer una «enorme irresponsabilidad» al derogar la reforma sobre los subsidios a los desempleados, mientras que los morados respondieron con que no habían obtenido contrapropuestas.
