La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha rechazado amparar al magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, por las críticas que recibió desde el PP por la sentencia de la primera época de la Gürtel, al entender que no pueden condicionar su actuación judicial, porque esos comentarios se refirieron a la etapa inicial del caso de corrupción que afectó al partido que preside Alberto Núñez Feijóo y se tratan por tanto de un asunto en el que ya hay hasta sentencia del Tribunal Supremo. También ha solicitado una prórroga de 15 días al Senado para pronunciarse sobre la ley de amnistía.
La Permanente inadmite a trámite la petición de amparo formulada por el magistrado al que se atribuyen las partes más duras sobre la financiación en B del Partido popular por las manifestaciones que el pasado 12 de diciembre realizó el senador José Antonio Monago en el Pleno de la Cámara Alta, por las que posteriormente se disculpó y solicitó su retirada del Diario de sesiones.
La órgano de gobierno de los jueces considera que ”dado que las iniciales palabras del senador Monago venían referidas a una actuación jurisdiccional específica acontecida en el pasado, en relación con un proceso judicial ya fenecido, dichas manifestaciones no tienen capacidad alguna de perturbar el ejercicio de la función jurisdiccional del solicitante de amparo impidiéndole la libre capacidad de resolución conforme a derecho”.
El acuerdo añade, además, que la rectificación realizada por el senador ”implica que incluso la hipotética perturbación futura que las declaraciones del 12 de diciembre de 2023 pudieran haberle acarreado al magistrado peticionario de amparo queda vacía de contenido, poniendo de manifiesto dicha rectificación el respeto necesario a las decisiones judiciales”.
La Comisión Permanente ha acordado hoy interesar de la Mesa del Senado la concesión de prórroga, por un plazo de quince días y con efectos desde el 24 de enero de 2024, para la elaboración del informe solicitado a la proposición de Ley de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
