Los policías ven un «despropósito» el traspaso de la inmigración a Cataluña

El Gobierno conseguía este miércoles dar luz verde dos de los tres reales decretos que llevaba al pleno celebrado en el Senado debido a las obras que se están acometiendo en el Congreso. Los sacaba adelante con el apoyo de sus socios de investidura, pero no gratis.

El Ejecutivo necesitaba los votos de Junts, y a cambio de su abstención para aprobar el decreto omnibus y el de las medidas anticrisis ha concedido suprimir la parálisis de las actuaciones judiciales cuando un magistrado eleve una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (que los independentistas creían que ponía en peligro la puesta en marcha de la amnistía) y la delegación integral de las competencias de inmigración a la Generalitat, entre otras cesiones.

Las competencias en materia de inmigración es, según el artículo 149 de la Constitución, exclusivas del Estado. Está por ver qué se entregará en concreto al control del Govern catalán y cómo se podrá articular. La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut catalán censuró por inconstitucional el artículo 111, que hacía referencia a “cualquier excepción a las bases fijadas por el Estado acerca de las competencias compartidas atribuidas a la Generalitat”.

Las competencias en inmigración y extranjería recaen, en parte, en la Policía Nacional. Este Cuerpo es el encargado de velar por el control de fronteras de entrada y salida de personas. “No sé qué parte de extrnajería quieren ceder. Tendrían que cambiar la Ley Orgánica 2/86”, la que regulas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, explica una fuente policial consultada.

«Objetivos políticos»

La alarma no ha tardado en saltar entre los sindicatos policiales. A última hora de la tarde, Jupol emitía un comunicado mostrando su preocupación por lo que consideran un “despropósito”. “Este anuncio supone una nueva pérdida de competencias para los policías nacionales destinados en Cataluña”, reza el texto, al mismo tiempo que señala que la decisión se basa en “objetivos políticos y partidistas” sin atender “a criterios técnicos u operativos”.

El secretario general del sindicato, Aarón Rivero, ha asegurado que “si este Gobierno va a utilizar los ataques y desprecios a la Policía Nacional para contentar a sus socios independentistas, va a contar siempre con la oposición” de su organización, la que más votos recibió en las pasadas elecciones internas.

Para Jupol, el acuerdo para traspasar las competencias en inmigración a Cataluña supone “un nuevo paso para consumar con la salida de la Policía Nacional de Cataluña, a la que pretenden convertir en un cuerpo policial sin funciones en el territorio catalán”. Supone el inicio del desmantelamiento de la Policía Nacional en Cataluña y su expulsión de este territorio, tal y como han hecho con la Guardia Civil en Navarra”, ha aseverado Rivero

“Es una muestra del talante que pretende mantener este Gobierno durante la legislatura y del perjuicio que va a suponer el mismo para todos los policías nacionales, para la institución y en consecuencia para la ciudadanía en general”, zanja el comunicado.

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) señalan que «la lluvia de millones destinada los Mossos d’Esquadra, tenía como fin la expulsión del cuerpo de la comunidad de Cataluña». A juicio del SUP este traspaso de competencias supone la casi total desintegración de la Policía Nacional en Cataluña».

Consideran que de materializarse el traspaso las «fronteras están en riesgo extremo, pues si ya hay diferencias entre los países que forman parte del acuerdo Shengen en materia fronteriza, ahora se le añade un actor más dentro de nuestro Estado, un despropósito que como siempre pagarán los ciudadanos».

«Los recursos necesarios»

En el paquete de medidas que Junts asegura haber pactado con el PSOE figura la delegación de competencias en materia de inmigración, que deberá ir acompañada «de los recursos necesarios» y permitirá que el Govern y el Parlament de Cataluña determinen «una política propia» en la materia, según el comunicado de Junts.

Asimismo se ha pactado la publicación «inmediata» de las balanzas fiscales -una petición histórica del nacionalismo catalán- y el compromiso de reformar, vía Consejo de Ministros, la ley de Sociedades de Capital para revertir el decreto que aprobó en 2017 el Gobierno del PP «y que las empresas puedan volver a Cataluña».

El acuerdo recoge asimismo rebajar al 0 % el IVA del aceite, que pasaría a ser considerado alimento esencial; un aumento de los recursos para la digitalización de la administración de justicia hasta los 6,2 millones de euros; que el Estado asuma la totalidad del coste del descuento en el transporte público, y que se reconozcan «los derechos históricos de Cataluña en materia de régimen local».