Ecuador vive en estado de excepción. Todo comenzó el lunes cuando en seis cárceles del país se produjeron motines perfectamente coordinados que han acabado con el secuestro de un centenar de policías, la destrucción de cámaras de seguridad y la fuga del más peligroso narcotraficante del país.
El crimen organizado y el narcotráfico se han convertido en una de las principales amenazas a la seguridad interna de Ecuador. Este país ha pasado de ser zona de tránsito de droga a convertirse en zona de distribución. Las fronteras de Ecuador con Colombia y Perú lo han convertido en una zona privilegiada para el narcotráfico. El país es hoy un laboratorio y almacén de cocaína. Este negocio criminal lleva aparejada una escalada de violencia que compromete la seguridad ciudadana y la estabilidad institucional.
Las bandas criminales no solo se disputan el control del territorio, sino que pelean por el control de las instituciones políticas y judiciales. El asesinato del candidato a las presidenciales Fernando Villavicencio estuvo relacionado, con toda seguridad, con el crimen organizado. El actual presidente también parece dispuesto a combatir a los narcos. Su propuesta legislativa de aumentar las penas para delitos relacionados con el crimen organizado, dotar a los militares de mayores funciones y favorecer la extradición de los ecuatorianos relacionados con el crimen organizado tienen que pasar el filtro constitucional y ser sometidas a referéndum. Noboa solo tiene un año por delante para esta batalla trascendental en la que Ecuador se juega su futuro, y cualquier paso en falso podría acabar siendo irreversible para el país.
