Pedro Sánchez se dirige esta mañana a su primera gran derrota en la primera votación desde su investidura como presidente del Gobierno. Los siete diputados de Junts votarán no a los tres decretos que se someten este miércoles a votación en la sesión del Congreso que se celebra en el Senado, por obras en el Palacio de las Cortes. Así lo confirman fuentes oficiales del partido de Carles Puigdemont a primera hora de esta mañana.
También los cinco votos de Podemos serán negativos en uno de ellos, en el decreto del subsidio de desempleo.
“Hubo contactos anoche”, explica un portavoz de Junts a EL ESPAÑOL. “Pero votaremos no”, añade. Las ofertas del PSOE para tratar de convencer a última hora a los independentistas no han surtido efecto. A pesar de que Moncloa aseguraba que “sólo están haciendo teatro y buscando titulares”, los de Puigdemont lo niegan: “No queremos fotos, ni gestos, queremos acuerdos”.
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Por eso, exigen al Gobierno de Sánchez “que retire” los decretos. “Entonces negociaremos” con varias condiciones. La primera, que los textos legales “se separen asunto por asunto”. Es decir, que no haya “decretos macedonia” que mezclan temas y, por tanto, que estos tres textos legales se conviertan en seis.
Segundo, que el PSOE cumpla “su compromiso” de facilitar el regreso de las empresas que se fueron e Cataluña tras el 1-O. Junts propone multas para las que no lo hagan. El PAOE está abierto a estudiar incentivos para las que sí regresen. Pero el Govern de Pere Aragonès (ERC) rechaza esta opción, porque sería beneficiar a quienes se fueron frente a las que que permanecieron en territorio catalán.
La tercera condición es “blindar la amnistía” frente a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que introduce el decreto ómnibus del 19 de deficiente. El nuevo artículo 43 bis prevé la paralización de los procesos judiciales que sean sometidos a una cuestión prejudicial ante el TJUE, y que el resto de casos “simularé” puedan hacerlo de manera automática. “Así no hay amnistía hasta dentro de dos años, como pronto”, apuntan en Junts. Y eso está diseñado, según sugieren, para “alargar la legislatura con excusas de transposiciones de normas de la UE” cuando no haría falta hacerlo.
Fuentes del Gobierno lo niegan y atribuyen esta última reforma a una exigencia de Bruselas para poder acceder a los 10.000 millones del cuarto desembolso de los fondos europeos.
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