¿Qué diría lo que algunos se atreverían a llamar el sentido común sobre la demanda de Suráfrica contra el Gobierno de Israel ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de La Haya por presunta conducta genocida y por cometer genocidio en Gaza y violencia contra civiles palestinos de Cisjordania? Diría que el tribunal de Naciones Unidas es tan irrelevante como la ONU y que no pasará nada. Vamos, ¿quién puede creer que la suspensión inmediata de la guerra, una de las primeras medidas cautelares más importantes que pide Suráfrica, vaya a ser adoptada por el tribunal cuando Estados Unidos ha vetado el alto el fuego en el Consejo de Seguridad? ¿Y alguien puede dejar de imaginar que Estados Unidos e Israel están intentando abortar la demanda antes de que empiecen las dos audiencias previstas para este jueves 11 y viernes 12 de diciembre en La Haya?
Pues mira por dónde, lo intentan. El pasado viernes, dia 5 de enero, el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí instruyó desde Tel Aviv a sus embajadas y responsables de prensa a emitir comunicados y declaraciones en contra de la demanda de Suráfrica. Se trata de un argumentario en toda regla.
Un cable urgente señala: “Un fallo [contrario] por el tribunal puede tener significativas implicaciones potenciales que no se limitan al mundo legal, sino que tendrían ramificaciones bilaterales, multilaterales, económicas y de seguridad. Pidamos una inmediata e inequívoca declaración en las siguientes líneas. Establecer pública y claramente que SU PAÍS rechaza las alegaciones indignas, absurdas e infundadas contra Israel”.
La instrucción, recogida por el portal norteamericano Axios de tres embajadas diferentes, apunta que según la Convención contra el Genocidio de Naciones Unidas de 1948, de la cual Israel forma parte desde 1950, el delito es definido como la creación de condiciones que impiden la supervivencia de la población y el intento de aniquilarla. Por ello, subrayar los esfuerzos de Israel para reducir el número de víctimas civiles “es crucial”. Asimismo, se intenta pedir a diplomáticos y políticos del más alto nivel “reconocer públicamente que Israel está trabajando tanto para incrementar la ayuda humanitaria a Gaza como para minimizar el daño a los civiles, al actuar en su autodefensa después del horrible ataque del 7 de octubre por parte de una organización terrorista genocida”
El argumentario sería un chiste si no se tratase de la tragedia que el mundo tiene a la vista desde 1967, según el relato ampliamente documentado que contiene la demanda.
El relato, equivalente por su extraordinaria precisión y coherencia al que realizó el juez norteamericano Robert J. Jackson en su calidad de fiscal en el Tribunal Penal Militar Internacional del principal juicio de Núremberg en noviembre de 1945, combina dos puntos imbricados desde el punto de vista penal: la intención de cometer genocidio (sobre todo después del 7 de octubre de 2023) y las evidencias de la destrucción de la Franja y muerte de una parte sustancial del pueblo palestino. A esos dos cauces se añade el contexto.
El genocidio en curso, pues, es la continuación extrema de la política llevada adelante hasta 2005, fecha en la que Israel abandonó unilateralmente Gaza, aunque siguió controlando lo que era ya en aquellas fechas, según el extinto sociólogo israelí Baruch Kimmerling, “el campo de concentración mayor del mundo”.
El 29 de diciembre pasado, cuando el Gobierno surafricano depositó su demanda en La Haya el número de muertos contabilizados por el ministerio de Salud de Gaza ascendía a 21.110 palestinos, de los cuales un 70% eran mujeres y niños; 7.780 desaparecidos (4.700 mujeres y niños). “Han muerto de forma lenta y descomponiéndose en las calles donde les han matado”, apunta la demanda. A 29 de diciembre, los niños muertos se elevaban a 7.729 con un ritmo de muertes de 115 cada día y con 2 madres fallecidas cada día.
Expulsión masiva de sus casas
La expulsión masiva de sus casas y desplazamientos de palestinos en Gaza es un capítulo importante. “Se estima que 1,9 millones de palestinos, sobre una población total de 2,3 millones en Gaza, se han visto forzados a salir de sus casas (el 85%). Los que no han querido moverse o no pudieron hacerlo han sido asesinados o sufren el riesgo de serlo.
Pero el relato no se limita a uno de los territorios ocupados o el epicentro de la guerra en curso. También se ocupa de pintar el infernal cuadro de Cisjordania antes del 7 de octubre de 2023 y después. La relevancia es evidente: no existe para Israel el pretexto de Hamás porque en Cisjordania y Jerusalén Este gobierna la Autoridad Palestina, al mando de la OLP de Abú Mazen, es decir, de un aliado de Israel.
“Los palestinos de Cisjordania son también objeto de violencia rutinaria por parte de los soldados israelíes y colonos armados de los asentamientos. Antes del 7 de octubre de 2023, entre el 1 de enero y el 6 de octubre de 2023, 199 palestinos fueron asesinados y 9.000 sufrieron heridas”.
Desde el 7 de octubre de 2023 la situación se ha agravado. Un total de 295 palestinos han muerto.
Netanyahu, los ministros del Gobierno israelí y los jefes militares han aprovechado el ataque del 7 de octubre para hablar de su plan de genocidio sin complejos. Todas las declaraciones están registradas en la demanda. Y aunque a confesión de parte relevo de pruebas, según reza el conocido adagio judicial, las pruebas y los indicios son aterradores.
Los abogados de Suráfrica exigen la declaración de varias medidas cautelares entre ellas la decisión del TIJ de frenar la guerra y volver a la situación anterior al 7 de octubre, mientras se debate el fondo de la demanda.
Para tomar dicha decisión no es necesario, según la doctrina del TIJ, dar por válida la demanda en su integridad o entrar en el fondo. Basta con señalar que hay un conflicto entre Suráfrica e Israel en relación con la aplicación de las obligaciones de ambos países para hacer cumplir la Convención contra el Genocidio y estimar que la demanda tiene lo que se llama “aspecto de buen derecho”, es decir, que recoge elementos del delito de incitación al genocidio y de acciones genocidas.
Si los hechos descritos no son genocidio, que el jurista polaco Rafael Lemkin, el creador del delito de genocidio, se levante de su tumba y acuda a La Haya.
