¿El motivo? En dicha causa judicial, Pedraz investiga el supuesto secuestro y las torturas sufridas por dos ciudadanos nacionalizados españoles y opositores al régimen de los Obiang. Tal y como rezan varias resoluciones firmadas por el magistrado, la causa judicial se sigue por los delitos tan graves como los de «secuestro con finalidad terrorista (…) y de torturas y contra la integridad moral».
Sin embargo, el juez, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, se había negado a convertir esta investigación en un sumario; es decir, denegó transformar estas diligencias previas en un procedimiento sumario, que se rige por unas reglas distintas. Por ejemplo, en el procedimiento sumario es la Sala de lo Penal la que debe autorizar el archivo de la causa o avalar el procesamiento de los investigados. Es el modelo que se emplea en investigaciones judiciales sobre los delitos más graves, castigados con penas superiores a los nueve años de cárcel.
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Con el apoyo de la Fiscalía, la defensa de las familias de las víctimas había solicitado a Pedraz la transformación del procedimiento en sumario. El juez se negó. Ahora, la Sala de lo Penal, la instancia superior a su Juzgado, le ordena hacerlo, aunque el instructor ya haya renunciado a seguir investigando él la causa para derivarla a los tribunales del país africano.
«La decisión [de Pedraz] recurrida no resulta adecuada, debiendo ser revocada, (…) debiendo el Juzgado continuar la tramitación del presente proceso por los trámites del sumario», reprochan los magistrados Fernando Andreu, María Teresa García y, como ponente, Joaquín Delgado.
De hecho, la Sala de lo Penal reprocha los argumentos esgrimidos por el instructor para denegarlo. El 22 de septiembre de 2023, Santiago Pedraz se negó a la transformación de la causa en sumario «toda vez que se están practicando las diversas diligencias para esclarecer la naturaleza y circunstancias del hecho, así como los posibles partícipes». En un auto fechado este lunes y que avanza EL ESPAÑOL, la Sala critica que «este argumento no puede justificar por sí solo la continuación de la tramitación por diligencias previas, porque dichas diligencias también pueden practicarse en el seno del sumario».
También fechado el día 8 de enero, Pedraz redactó un auto, conocido este martes, en el que cede la investigación contra el hijo de Obiang a la Justicia guineana, lo que ha sido criticado por los familiares de las víctimas.
Pese a las diversas advertencias sobre la escasa calidad institucional de la antigua colonia española y corrupción generalizada en el país, el juez señala en su auto que no puede «poner en duda» que el procedimiento abierto en Guinea vaya a contar con todas las garantías o sospechar que «adolezca de falta de parcialidad o sea meramente instrumental».
El ‘caso Obiang’
En el llamado caso Guinea o caso Obiang, el juzgado de la Audiencia Nacional del que es titular Pedraz investigó el supuesto secuestro de cuatro opositores al régimen dictatorial de Guinea Ecuatorial. Dos de ellos tenían DNI español y habían servido en nuestras Fuerzas Armadas. El hecho ocurrió en noviembre de 2019 en Juba, la capital de Sudán del Sur, país al que habían viajado las víctimas para reunirse con otros movimientos políticos afines a su causa.
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Pero, allí, habrían sido engañados y apresados por Carmelo Ovono, el encargado del espionaje internacional —la llamada Inteligencia exterior— en el Gobierno que encabeza su padre.
Tras ser detenidos, habrían sido introducidos en unos contenedores de carga y custodiados después por una caravana de militares sudaneses fuertemente armados, que los habrían conducido hasta la puerta de un avión presidencial del Gobierno de Guinea Ecuatorial. Un informe policial señala que el jet oficial fue utilizado para llevarles a Guinea.
Fotomontaje de la fachada de la Audiencia Nacional y Carmelo Ovono Obiang, hijo de Teodoro Obiang.
Además del hijo del dictador, apodado Didi, también figuran como investigados en la causa judicial otros dos altos cargos del Gobierno ecuatoguineano: Nicolás Obama Nchama e Isaac Nguema Ondo.
Tal y como reveló EL ESPAÑOL en exclusiva, los tres ficharon recientemente como abogado conjunto a Javier Gómez Bermúdez, el exjuez que, entro otros hitos, fue ponente de la sentencia del 11-M.
Este procedimiento judicial se inició cuando el juez Santiago Pedraz admitió a trámite la querella del grupo opositor Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República (MLGE3R), al que pertenecían los cuatro activistas.
Dos de ellos eran españoles. Se trata de Feliciano Efa y de Julio Obama. Este último murió en extrañas circunstancias en una cárcel de Guinea Ecuatorial, pocos días después de que la Audiencia Nacional permitiese a Didi regresar a su país, una vez le fue notificada la querella. El MLGE3R considera que se trató de una «represalia».
El exparacaidista Feliciano Efa.
Represión fuera de Guinea
Carmelo Ovono, además de ser uno de los hijos del dictador que gobierna con puño de hierro la antigua colonia desde 1979, es el encargado de la Inteligencia de Guinea Ecuatorial en el extranjero.
Por su parte, Nicolás Obama Nchama es el ministro de la Seguridad Nacional. Isaac Nguema, el director adjunto de la Seguridad de la Presidencia. En resumen, los tres imputados son figuras relevantes en la cúspide del régimen de Teodoro Obiang.
Teodoro Obiang, presidente de Guinea Ecuatorial, en una imagen de archivo.
La Comisaría General de Información de la Policía Nacional acusa a Didi de ejercer una «sistemática» represión contra los opositores al régimen de su padre en el extranjero. Incluso, esta unidad policial asegura que Camelo Ovono Obiang creó una empresa en Marbella para camuflar las vigilancias que coordinaba contra los disidentes políticos que residen en nuestro país. Algunos de estos seguimientos fueron ejecutados en pleno centro de Madrid.
El Ministerio de Exteriores español solicitó, sin éxito, información a las autoridades ecuatoguineanas sobre la muerte de Julio Obama. Y el juez Pedraz ordenó repatriar su cadáver para practicarle la autopsia. Lo hizo el pasado enero y, por el momento, los restos no han sido enviados a España. El Gobierno de la antigua colonia lleva más de un año negándose a colaborar y alega que la muerte se debió a una enfermedad.
Guinea no colabora
El caso Guinea ha sido abordado, incluso, en el Parlamento Europeo. Por una abrumadora mayoría de 518 votos a favor y sólo seis en contra, la Eurocámara reclamó sanciones a la dictadura de Guinea Ecuatorial, a la que responsabilizó de la muerte de Obama.
Además, un informe del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) alertó de que Carmelo Ovono introdujo en España «grandes cantidades de dinero en efectivo, sin que estuviera claro su origen».
Desde el momento en que trascendió la existencia de esta investigación judicial, las autoridades españolas también desconocen el paradero y la situación de Feliciano Efa, el único de los dos nacionalizados que aún sobrevive. Los otros dos secuestrados eran residentes en España e, igualmente, opositores al régimen de los Obiang.
Así lo relató también el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU. En un informe fechado el pasado agosto, consultado por EL ESPAÑOL, Naciones Unidas señala que las autoridades ecuatoguineanas «impiden cualquier asistencia consular».
«Actualmente, los tres secuestrados [aún vivos] se encuentran desaparecidos, no se sabe su paradero y, aunque la autoridad judicial española ha requerido conocer su ubicación y estado de salud, las autoridades de Guinea Ecuatorial no informan de su paradero, por lo que vuelven a estar sometidos a una situación de desaparición forzada», reprochó el Grupo de Trabajo en un dosier.
No obstante, Pedraz optó por ceder la investigación a las autoridades del país africano. La Fiscalía se opuso a esta opción y aún tiene posibilidad de recurrir la decisión. Es probable que la defensa de las víctimas lo haga. «En estas diligencias no se investiga el régimen guineoecuatoriano. Y se debe proceder como si de cualquier otro país se tratara, en base al principio de reciprocidad internacional», sostiene el juez para enviar la causa contra el hijo de Obiang al país africano.
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