Los resultados de las elecciones generales evidenciaron dos realidades la noche del 23 de julio: la primera, que el PP no podría gobernar, por más que Alberto Núñez Feijóo se esforzase en reivindicar su condición de ganador de los comicios; la segunda, en términos más pragmáticos, que esta sería una legislatura ardua, de mucha negociación, de debilidad parlamentaria y mucho uso de la calculadora por parte de los negociadores del Gobierno.
Esta segunda consideración se ha podido ver desde el inicio de la legislatura: votación de la Mesa del Congreso, lenguas cooficiales, luz verde a la tramitación de la amnistía, comisiones de investigación, despenalización de las injurias a la Corona y el enaltecimiento del terrorismo. No obstante, hasta este momento el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha conseguido seguir alimentando su manual de resistencia con consensos sobre la bocina, socios improvisados y victorias parlamentarias que ahuyentaban, momentáneamente, el fantasma del bloqueo.
Este miércoles, en el primer gran pleno del año, convocado de forma extraordinaria y cuya celebración tendrá lugar en el Senado por las obras de remodelación de los dispositivos electrónicos del salón de plenos del Congreso, el Gobierno se asoma a su posible primera gran derrota de la legislatura. Los negociadores de PSOE y Sumar, socios de coalición, se esfuerzan por sacar adelante los tres decretos que se incluirán en el orden del día, pero, por el momento, son tres los partidos que incomodan la nueva normalidad del Ejecutivo vaticinando 24 horas de infarto que podrían derivar en la caída de importantes medidas sociales emanadas hace escasas semanas del Consejo de Ministros.
Son tres los decretos que serán discutidos en el Senado el próximo miércoles: el decreto anticrisis, que contempla importantes anuncios para capear los efectos indeseados de la inflación; la reforma del subsidio de desempleo, que vio la luz tras semanas de intensas negociaciones entre la entonces vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y la segunda, Yolanda Díaz; y un decreto ómnibus que recoge algunas de las imposiciones de Bruselas para asegurar la recepción del cuarto desembolso de fondos europeos cifrado en hasta 10.000 millones de euros.
La importancia de que estas iniciativas fructifiquen es capital para los intereses del Gobierno. No en vano, desde el PSOE no han dudado en descolgar el teléfono y tratar de persuadir a Junts per Catalunya y Podemos y hacerlos cambiar de opinión a última hora. Ante la negativa de la formación independentista -los de Ione Belarra se prevén más fáciles de seducir-, que se mantiene en la negativa férrea al considerar que la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal puede afectar a la aplicación de la amnistía, los socialistas han llegado a pedir el auxilio de un PP que, por el momento, no parece dispuesto a ofrecer un salvavidas al Ejecutivo. De hecho, el Gobierno se ha abierto a tramitar estos decretos como proposiciones de ley para poder incluir algunas de las peticiones de aquellos partidos que actualmente se encuentran en el ‘no’.
“¿Salvar al Gobierno?”, se preguntaba extrañado el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en rueda de prensa este mismo lunes. En Ferraz no dan crédito a que medidas como el abaratamiento del transporte público, la revalorización de las pensiones o la reducción del IVA en los alimentos esté en liza por cuestiones partidistas. Por ello, los servicios de comunicación de todas las partes se esfuerzan en explicar qué está en juego.
La lista de medidas que podrían caer el miércoles
La lista de cuestiones que corren peligro el próximo miércoles fruto del ‘no’ de los habituales socios del Gobierno y del PP es amplia. En juego están medidas sociales, cambios consensuados con Bruselas, prestaciones sociales y fondos europeos. Una derrota pondría en jaque al Ejecutivo, que ha hecho de algunas de las medidas que serán sometidas a votación algunos de sus anuncios más prometedores y marca de la casa del inicio de la legislatura.
Preocupa sobremanera el decreto anticrisis. La lista de ayudas y decisiones de carácter social que están contempladas en este decreto va desde la revalorización de las pensiones contributivas al 3,8% hasta la gratuidad de los servicios de Cercanías de Renfe para usuarios frecuentes o la bonificación de billetes urbanos e interurbanos para la totalidad de la ciudadanía. También se incluyen en este decreto la suspensión de los desahucios para hogares vulnerables, la rebaja del IVA a los alimentos básicos o la bajada de impuestos de la electricidad y el gas.
Los otros dos reales decretos-ley tampoco son menos importantes: uno de ellos contempla la reforma del subsidio de desempleo que permitirá a los perceptores ingresar hasta 90 euros más al mes que lo que se cobra hasta el momento; el siguiente, siendo el que más críticas ha recibido y el motivo del cerrojazo de Junts a aprobar ninguno de los tres, es un decreto ómnibus apalabrado con Bruselas del que depende un desembolso de 10.000 millones de euros provenientes de los fondos europeos. Este último es el único que el PP se ha abierto a estudiar.
Concretamente, lo que más molesta a los neoconvergentes es que este decreto contemple una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal (Lecrim) que, según los asesores jurídicos del partido, podría dejar en suspenso cualquier causa judicial en el momento en el que algún magistrado recurriese al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La dirección de los posconvergentes considera que esta herramienta permitiría obstaculizar la ley de amnistía una vez aprobada en el Congreso de los Diputados.
Oposición frontal de Junts
Mucho se ha escrito y elucubrado sobre la posibilidad de que el Gobierno acabase torciendo el brazo a Junts per Catalunya, socio improvisado y hasta ahora fiel en lo que va de legislatura. No obstante, los neoconvergentes están dispuestos a llevar su negativa hasta las últimas instancias, llegando a pedir al Ejecutivo que retire los tres decretos y someta a votación cada una de las medidas con negociación y de forma independiente.
El portavoz de Junts, Josep Rius, anunciaba este mismo lunes que la formación mantendrá el miércoles su voto en contra de los reales decretos del Gobierno porque «agravan la infrafinanciación que ya sufre Cataluña, implican recortes de competencias de la Generalitat y ponen en peligro la aplicación de la ley de amnistía».
En rueda de prensa, Rius pedía al Gobierno que retire los tres reales decretos del Gobierno y los vuelva a presentar una vez los haya negociado con Junts: «Un decreto por cada tema», reclamaba. «En esta legislatura no funcionará el ‘a cambio de nada’. El PSOE debe tener claro que Junts no ha firmado un acuerdo de legislatura. Sólo habrá estabilidad si hay avances en los dos ejes: el ámbito nacional y el social», avisaba.
El PP se niega a ser el ‘salvavidas’ del Gobierno
Por el momento, y pese al vaivén de llamadas entre Cuca Gamarra y Patxi López, por un lado, y Borja Sémper y Yolanda Díaz, en paralelo, los líderes del PP se han negado a facilitar la tramitación de los tres reales decretos que sacuden los cimientos de Moncloa. Había muchas dudas sobre la posición final de Génova, pero, no obstante, cada uno de sus dirigentes se ha esforzado, uno por uno, de dejar claro al Ejecutivo que no podrán contar con los 137 votos de su formación.
“Creo que el PP no debería ayudar en nada al Gobierno, en nada. Que se busque el gobierno los problemas que él mismo ha provocado, que se busquen las soluciones ellos solitos, que es donde ellos se ha metido”, ha reprochado Isabel Díaz Ayuso, en primera instancia. En la misma línea se han posicionado, posteriormente, otros dirigentes como el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, o el coportavoz de la formación Borja Sémper.
“La responsabilidad no es del PP, es de una coalición de Gobierno absolutamente inestable, como dijimos desde el primer momento. Lo que no pueden esperar del PP es habernos orillado, como nos orillan desde hace tantos años por parte de Pedro Sánchez y su Gobierno, y pretender ahora una rendición incondicional para aprobar el decreto», ha indicado Almeida.
“El Partido Popular saldrá al rescate de los españoles y de sus problemas, pero no aceptaremos chantajes de un Gobierno manejado por los antisistema y por todos aquellos que no tienen un proyecto para España”, ha sentenciado Sémper, que, además, ha reconocido que en las últimas horas se han producido dos llamadas telefónicas entre los equipos del PSOE y del PP que no han llegado a buen puerto.
