La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado han defendido en la cuarta sesión del juicio del ‘caso Rato’ que es «improcedente» que declare como testigo en la vista oral el exministro Rafael Catalá, tal y cómo había reclamado la letrada María Massó, que ejerce la defensa del exvicepresidente y ministro de Economía del Gobierno de José María Aznar.
La abogada había solicitada al tribunal, que preside la magistrada Ángela Acevedo, la comparecencia del extitular de Justicia tras conocer las informaciones publicadas por El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, sobre las pesquisas que lleva a cabo de forma secreta un Juzgado de Tarragona, en las que el instructor dispone de correos electrónicos de Hacienda relacionados con la investigación fiscal que se llevó a cabo a Rodrigo Rato.
Serrano Arnal
En el mismo sentido el representante de la Abogacía del Estado, en consonancia con la fiscal Elena Lorente, ha recordado que la declaración de Catalá ya fue rechazada durante el periodo de admisión de pruebas, que llevó a cabo el tribunal: «Entendemos que no se ha hecho una alegación que justifique el cambio de circunstancias y que haga adminisible la declaración testifical», ha asegurado el funcionario público en el juicio.
Para reclamar la comparecencia de Catalá, la letrada Massó incluyó una copia de las diferentes publicaciones realizadas por El Periódico de España sobre los correos de Hacienda con Cristóbal Montoro de ministro. «Ningún interés para la causa, que sepamos«, ha destacado el abogado del Estado.
El 15 de diciembre se inició en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio contra el que también fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), quien se enfrenta a una pena reclamada por la Fiscalía Anticorrupción de 70 años de cárcel por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios en el marco de la causa sobre el presunto incremento ilícito de su patrimonio.
Desde 1999
Según el acusación del Ministerio Público, Rato dispuso desde 1999 de un patrimonio oculto a la Hacienda Pública a través de diversas sociedades con las que habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Reino Unido, entre otros lugares.
La prueba reunida durante instrucción de los hechos, que se inició en 2015, apunta a incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y ese mismo año por un importe total de 15,6 millones de euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior tampoco declarados a Hacienda. La Unidad de la Agencia Tributaria adscrita a la Fiscalía Anticorrupción fijó las cuotas defraudadas en un total de 7,4 millones de euros.
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