Lidera el principal partido del Parlament, el que ganó las elecciones generales y locales en Cataluña y se enfrenta al Govern más débil de la historia. Y aún así Salvador Illa afronta la negociación de los próximos presupuestos catalanes desde una posición más que frágil, presionado por los intereses del Gobierno de Pedro Sánchez -que depende de los votos de ERC en el Congreso- y las expectativas electorales en Cataluña. Dos flancos difíciles de conjugar en la estrategia de los socialistas catalanes.
«Si alguien cree que habrá cambio de cromos se puede llevar un desengaño» advertía el propio Illa este jueves, en respuesta a las presiones del ejecutivo de Pere Aragonès para cerrar ya unos presupuestos que el Govern aspira a aprobar a principios de febrero. Pero las negociaciones ni siquiera han empezado, aseguran fuentes socialistas, y no se abrirán hasta ver cumplidos los pactos suscritos en 2023: vía libre a la carretera orbital del Vallés, al proyecto hotelero de Hard Rock en Tarragona y a la ampliación del aeropuerto de El Prat. Solo el primero tiene visos de cumplirse, y fuera del calendario acordado.
Esquerra presiona al PSC dando por sentado que Moncloa obligará a los socialistas catalanes a apoyar las cuentas de la Generalitat, para garantizarse el apoyo de Esquerra a los Presupuestos Generales. Pero desde el PSC insisten en que son «carpetas diferentes» y que la negociación se decidirá exclusivamente en Cataluña. Illa quiere hacer valer las últimas victorias electorales del PSC para mantener una posición negociadora fuerte en año electoral.
Elecciones catalanas
La legislatura catalana puede prolongarse sobre el papel hasta febrero de 2025, y desde el Palau de la Generalitat insisten en que la intención de Aragonès es agotar la legislatura. Pero la debilidad de su gobierno y la más que posible pinza de PSC y Junts en el Parlament hacen prever un adelanto electoral a otoño, en la línea de las últimas convocatorias autonómicas.
Las elecciones europeas del 9 de junio serán además un termómetro sobre los efectos electorales de la Ley de amnistía. Una prueba a la que el PSC no puede llegar apareciendo como rehén de los independentistas, tras el trágala que ha supuesto para no pocos socialistas catalanes la aceptación de la amnistía al independentismo. La última encuesta del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat (CEO) otorgaba a los socialistas catalanes clara ventaja sobre ERC y Junts, pero el trabajo de campo se realizó antes de que se hubiera cerrado el pacto de investidura de Sánchez.
En este contexto, el PSC ha endurecido ostensiblemente su discurso en los últimos días. «Me preocupa qué valor tiene la palabra y la firma del president de la Generalitat?» advertía Illa, poniendo en cuestión la lealtad de Aragonès con los pactos suscritos. «Nosotros no jugamos al cambio de cromos, si se cumple lo pactado en 2023 negociaremos pensando en Cataluña, sin mezclar carpetas» concluía el líder del PSC.
Malestar de ERC
Ya en la última sesión del Parlament se produjo un encontronazo entre socialistas y republicanos a raíz de una interpelación de la portavoz del PSC, Alicia Romero, a la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà. Tras el debate, la republicana se quejó a Romero por la contundencia de su intervención, amenazándole con trasladar su malestar al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, con el que Vilagrà co-preside las comisiones bilaterales Estado-Generalitat.
Esta semana, la portavoz del Govern, Patricia Plaja, retomaba el curso político asegurando que el Govern «es optimista» y reclamando que «no se demoren las negociaciones» sobre el presupuesto autonómico. Plaja aseguró que su objetivo es aprobar las cuentas a principios de febrero. Y el líder del PSC tardó apenas 24 horas en salir a enfriar esas expectativas.
Un día antes, era la portavoz de ERC, Ester Sans, quien aseguraba que las negociaciones de las cuentas autonómicas y nacionales son «negociaciones paralelas». Una apreciación que molestó profundamente a los socialistas. Esta semana debe producirse la primera reunión de negociación de los presupuestos, aseguran desde Palau, pero en el PSC insisten en que seguirán evaluando el cumplimiento de los acuerdos de 2023 hasta que el ejecutivo explique qué pasa con Hard Rock y consigne el inicio de las obras de la B-40.
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