La Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare) ha exigido el cese de los responsables de los servicios de inspección en las residencias de la Comunidad de Madrid debido al incumplimiento de los ratios de personal en estos centros.
Así lo ha dado a conocer en un comunicado este lunes, señalando a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, concretamente, sobre “el caso omiso” que lleva realizando el personal de inspección en las residencias que forman parte de los servicios sociales de la Comunidad de Madrid. La acreditación que rige sobre estas residencias “les capacita para tener residentes con la prestación económica vinculada al servicio”, a la que se puede tener acceso cuando se cumplen los ratios de personal que rigen en el Acuerdo de Acreditación de 2008, con 0,28 para gerocultoras (28 gerocultores para cada centenar de residentes) y 0,47 con todo el personal (es decir, 47 trabajadores por el mismo número de mayores).
“Tenemos resoluciones que reflejan actas de inspección desde 2020 -en los peores momentos de la pandemia de coronavirus- en residencias privadas acreditadas, con residentes con la prestación económica vinculada al servicio, en la que se afirma, ante quejas interpuestas por familiares relativas a la escasez de personal, cumplir con los ratios de personal en la Orden 612/1990 de la Comunidad de Madrid, en donde se establecen unos ratios para todo el personal de 35 trabajadores para 100 residentes, inferiores a las del Acuerdo de tramitación”, reza el comunicado.
Llegados a este punto, Pladigmare condena el “desconocimiento de la ley” por parte de una administración pública como son los servicios de inspección del Gobierno de Ayuso. “Nos hemos dirigido a la Consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales pidiendo el cese de los responsables de los servicios de Inspección de su Consejería, porque no existe error posible en esto, sino complicidad o negligencia grave y por las consecuencias que tiene para los cuidados y la atención que precisan las personas mayores, que viven en residencias privadas acreditadas y que forman parte del sistema de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, el hecho de que exista menos personal en estas residencias, del que están obligadas a tener legalmente”, advierten al final del texto al que ha tenido acceso este periódico.
Allá por el pasado mes de noviembre, la plataforma ya advirtió de estas graves condiciones ante la falta de personal. Ejemplo de residencias donde los ratios son inferiores a los establecidos figuran las de Getafe, Parla, Cisneros y Alcalá de Henares, según los datos del Portal de Transparencia. En este aspecto remarcaron que las ratios de personal deben establecerse por turnos y por categorías, partiendo del establecimiento del tiempo mínimo indispensable que necesita una persona residente de grado II o III (el perfil actual del residente).
Es necesario remarcar que los servicios de inspección aplican una ratio de personal del año 1990 (0,35 para todo el personal) cuando, al estar acreditada la residencia, la ratio aplicable es la del Acuerdo de Acreditación, que establece un 0,28 solo para gerocultoras y un 0,47 para todo el personal. En el Acuerdo de Acreditación que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de agosto de 2022, se apuntó que han recibido más de 69 millones de euros para fomentar otro modelo de residencias en el que la persona esté en el centro de atención. Sin embargo, la Comunidad de Madrid manifestó que está en contra del acuerdo.
“Malas condiciones de vida”
Cabe retroceder el pasado mes de noviembre, cuando la misma plataforma que vela por los derechos y el bienestar de los mayores, advirtió de que las últimas inspecciones que se realizaron en residencias de la autonomía eran “escandalosas” debido a que se aplicaron “normativas, cuanto menos, equivocadas”; las insuficientes dotaciones para las comidas, el personal y los incumplimientos estaban a la orden del día.
Pese a las peticiones que trasladó Pladigmare por hacer ver las preocupaciones de los residentes y las familias de los mismos, las cuales se centraron en “las malas condiciones de vida” de los residentes. A la par de que el 92% de estos centros están en manos de administraciones privadas, con independencia de su titularidad pública, lo que dificulta la adecuada asistencia a los mayores.
