El PP y VOX siguen caminando de la mano en su acérrima defensa de la Constitución y, por ende, de la democracia en España. Para ser exactos habría que añadir defensa de su Constitución y de su democracia en su España. Ambos partidos han propuesto esta semana iniciativas para ilegalizar aquellos partidos que, según la versión del PP, promuevan consultas o referéndums de autodeterminación o, según la postura de VOX, negocien con procesados o sustraídos de la justicia por delitos contra la Constitución. El partido franquista también propone una reforma del Código Penal que endurezca las penas relacionadas con referéndums ilegales y contra todos aquellos casos de ultraje  contra España y sus símbolos.

Si estas medidas prosperaran quedarían fuera del Parlamento español ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y, si leemos con atención la letra pequeña incluso Sumar, Podemos y, ya apurando pero parece su intención, buena parte del PSOE. Sin esos partidos políticos quedarían sin representación parlamentaria algo más de la mitad de los españoles. De esta manera iba a quedar un Parlamento apañadito, a la imagen y semejanza de las Cortes Españolas de su añorado Francisco Franco.

Aunque, analizando a fondo la propuesta de VOX, los partidos que corren más peligro son el partido de Abascal y el de Núñez Feijóo. Si se ilegalizan todos aquellos partidos que «negocien con procesados de la justicia por delitos contra la Constitución», los ultraderechistas podrían ser acusados de haber negociado hasta la saciedad con el PP, un partido que ha sido condenado por la justicia en diversas ocasiones, la mayoría de ellas por corrupción, pero un delito al que se une la utilización de ese dinero para financiar campañas electorales, quebrando la presunta igualdad de los partidos que protege la Constitución. Sin olvidar que el PP ha reconocido haber negociado con Junts, como lo hizo antaño con CiU, PNV y con el Movimiento Vasco de Liberación.

Tanto VOX como el PP podrían ser también acusados de «ultraje contra España y sus símbolos». La permisividad en sus actos de banderas españolas no constitucionales es una clara infracción de ultraje a nuestros símbolos. Por no hablar de que con sus políticas antisociales cometen un claro delito contra la Constitución, vulnerando algunos de los derechos fundamentales que nos otorga la Carta Magna, como el derecho a la vivienda, a la educación o la igualdad de todos los españoles ante la ley.

Así que si no me he descontado y aplicando a rajatabla las propuestas de PP y VOX, el nuevo Parlamento español iba a contar con una mayoría absolutísima de Teruel Existe que, visto lo visto, no me parece una mala solución.