La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado ya el procesamiento de ocho de los 42 imputados en el caso Acuamed, en el que el magistrado Manuel García Castellón investigó la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas por la adjudicación y ejecución supuestamente irregular de una veintena de obras hidráulicas y medioambientales.

De estos procesados, el único que trabajaba en la empresa pública del agua es el que fuera jefe de proyectos de Acuamed en Valencia, Pablo Martin Mira, a quien se le atribuyen los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude a la administración y delito de falsedad documental.

Los integrantes de la Sala, en una ponencia firmada por la magistrada María Teresa Palacios, defienden la actuación de García Castellón, aunque reconocen que trasladó «en su integridad» el escrito de acusación que elaboró la Fiscalía Anticorrupción al auto de procesamiento.

Documentos adulterados

Los magistrados resaltan que la instrucción pone de manifiesto que a partir del 27 de octubre de 2014 los expedientes bajo sospecha quedaron bajo la supervisión de Martín Mira, a quien es le atribuye haber adulterado documentos de liquidación de las obras que promovía Acuamed en la Comunidad Valenciana.

En el caso de los otros siete procesados, la Sala también rechaza sus recursos y confirma el sentido de las pesquisas desarrolladas en la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción ha documentado la participación de todos ellos, ingenieros y directivos de firmas privadas, en las presuntas irregularidades detectadas en la planta desalinizadora de Torrevieja (Alicante); y en la construcción de una infraestructura hidráulica para el refuerzo de la red de abastecimiento de agua potable para los municipios de Campello y Mutxamel, también en Alicante.

Sufrió un ictus

Uno de los recurrentes, un directivo de la desalinizadora de Torrevieja, defiende que sus labores profesionales eran «burocráticas», por lo que su papel en la planta era «muy limitado, dado que además sufrió un ictus en 2014, por lo que dejó de trabajar a principios de 2015″, fechas en las que se habría realizado las actividades ilegales. Sin embargo, la Sala cree que este directivo sí estaba al tanto de «los sobrecostes injustificados que fueron abonados al contratista en la liquidación de las obras».

Además, los magistrados no consideran relevante que el procesado sufriera en las fechas que se investigan un problema de salud, pues hay pruebas de que participó «en la dinámica relativa a la confección del documento» que sirvió para realizar los pagos irregulares, según consta en diferentes correos electrónicos.

Elemento incriminatorio

Estas pruebas son, prosigue el auto de la Sala, «suficiente elemento incriminatorio de la presunta participación que relata el auto de procesamiento de 25 de abril de 2023 en curso, procediendo la desestimación del recurso de apelación interpuesto contra meritada resolución».

Otro de los procesados es el empresario de la comunicación Ricardo José Muriel Cabezas, a quien se le acusa de manipular expedientes de contratación de Acuamed. En concreto, en colaboración con otros socios habría buscado proveedores para invitarlos a concurrir en licitaciones amañadas a cambio de una contrapartida económica.

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