El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año que viene ya está prácticamente listo. El Gobierno cuenta con presentarlo dentro de poco más de una semana, a partir del 15 de enero. Lo más complicado llegará entonces: una negociación a múltiples bandas que pondrá a prueba el heterogéneo bloque que propició la reciente reelección de Pedro Sánchez al frente de la Moncloa. El equipo de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confía en sacar adelante la iniciativa, que ya formó parte de las conversaciones de investidura, pero al mismo tiempo admite la complejidad del esfuerzo con los distintos socios.
“Me preocupan todos, porque todos tienen la capacidad de influir”, dijo Montero a Efe la semana pasada. Con un Congreso tan fragmentado, el Ejecutivo no puede permitirse que caiga casi ninguna pieza del bloque de investidura, que incluye al PSOE, Sumar, ERC, Junts per Catalunya, EH Bildu, el PNV, el BNG y Coalición Canaria. Si algún partido falla, salvo los dos últimos, que solo cuentan con un diputado, todo el proyecto se puede ir al traste. “Los Presupuestos formaron parte de la negociación de la investidura, pero en unos términos de trazo grueso. Ahora tenemos que reunirnos con los grupos para aterrizar estos elementos. Siempre dijimos que queríamos el voto para la investidura y para darle profundidad a la legislatura. Los grupos ya han manifestado su disposición”, señaló la vicepresidenta en una entrevista con El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, a principios de diciembre.
Aprobado el techo de gasto, que ha marcado un nuevo récord con 199.120 millones de euros (un 0,5% más que la cifra del pasado año), y con el objetivo pactado con la UE de reducir un 3% el déficit en 2024, las negociaciones han estado circunscritas en las últimas semanas al interior del propio Gobierno: entre los distintos ministerios con Hacienda y entre socialistas y la formación que lidera Yolanda Díaz. Varios departamentos explican que sus partidas ya se encuentran prácticamente cerradas. Con Sumar, la negociación también está encarrilada, después de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, con quien el PSOE espera tener una relación más fluida que con Unidas Podemos durante la pasada legislatura, tachase de “insuficiente” la prórroga de parte del escudo social contra la inflación aprobada en el último Consejo de Ministros del año.
La Moncloa quiere registrar las cuentas públicas en el Congreso en la semana del 15 de enero y confía en el apoyo de Junts
La entrada en vigor
La Moncloa, convencida de que el PP no puede boicotear la iniciativa aunque tumbe la senda de déficit con su mayoría absoluta en el Senado, trabaja con la idea de que las cuentas públicas estén definitivamente aprobadas a finales de marzo o principios de abril. Una vez presentado el proyecto, un movimiento que en principio tendrá lugar durante la misma semana en la que el PSOE pacte con ERC y Junts las enmiendas a la ley de amnistía, comenzará en serio la negociación con los grupos.
Sánchez busca que el proyecto sirva para desplazar el foco de los pactos con los independistas a las partidas sociales
El Gobierno tendrá entonces que conciliar las posturas de partidos de izquierda y centro-derecha, como los posconvergentes y los nacionalistas vascos, y también intentar contentar al mismo tiempo a siglas que compiten entre sí y buscan apuntarse el tanto frente a su directo rival: EH Bildu y el PNV, con las elecciones vascas celebrándose este año en una fecha aún por determinar, y los partidos de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Pero los Presupuestos también servirán, confían en la Moncloa, para desplazar el foco de los pactos con los independentistas a los avances sociales, de la mano de medidas como el previsible aumento de las becas.
El eslabón más débil del bloque de investidura es Junts, reconocen en el PSOE. La relación con los posconvergentes está mucho menos asentada que con el resto de grupos, y su disposición a participar en la gobernabilidad de España es menor. Puigdemont ya amenazó poco después de la investidura con tumbar los Presupuestos si no había “avances suficientes” en el conflicto territorial. Los socialistas quitaron hierro a sus palabras, pero la actitud de Junts durante los últimos días ha provocado que se disparen las alarmas.
Los posconvergentes rechazan de momento respaldar los tres decretos que el Ejecutivo someterá la semana que viene a la convalidación del Congreso: las medidas anticrisis, la conciliación de la vida familiar y profesional y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Consideran que las normas incluyen en invasión de competencias autonómicas y que el último texto incluye una disposición (por la que las causas judiciales quedarán paralizadas ante una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE) que puede condicionar la puesta en práctica de la ley de amnistía.
Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, se reunió el jueves en Barcelona con el secretario general de Junts, Jordi Turull, pero no hubo avances. Ambas partes coinciden en que habrá nuevos contactos hasta la votación. Los colaboradores de Sánchez confían en que la posición del partido de Puigdemont sea reversible. De lo contrario, supondría una mala señal para los Presupuestos y la estabilidad de esta incierta legislatura.
