Las energéticas españolas deberán disparar sus objetivos de ahorro de uso de energía y asumir un coste millonario para conseguirlo. En línea con las nuevas exigencias de reducción de consumo energético marcadas por la legislación de la UE, el Gobierno multiplica el coste de las aportaciones que petroleras, eléctricas y gasistas españolas deben realizar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) durante 2024, hasta alcanzar los 795 millones de euros (el doble que los 393 millones del año pasado y cuatro veces más que los 191 millones de 2022), informa EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.
El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera, ha activado el proceso para aprobar la nueva regulación para calcular cuánto deben reducir el consumo de energía las comercializadoras de luz, gas natural y combustibles y con qué coste durante este año. La Unión Europea aprobó el año pasado una nueva directiva de eficiencia energética que obliga a los estados miembros a ir elevando sus objetivos de ahorro de energía hasta 2030, lo que hará que el coste de las aportaciones de las compañías españolas al FNEE se disparen otra vez.
La nueva normativa comunitaria eleva el objetivo de reducción forzosa de consumo energético anual de las compañías energéticas desde el 0,8% de 2023 sobre el promedio de ventas de energía del trienio entre 2016 y 2018 y lo sube hasta el 1,3% este año, y seguirá elevándose en próximos años, hasta el 1,5% en 2026 y el 1,9% en 2028. El resultado es que el objetivo de ahorro de uso final de la energía escala para este año hasta los 4.361 gigavatios hora (GWh) equivalentes y el coste de esos ahorros también se disparará. Y son los grandes grupos energéticos los que van a seguir asumiendo muy mayoritariamente los importes.
Repsol es con diferencia el grupo que mayor aportación ha de realizar este año al Fondo de Eficiencia Energética, en total 177,4 millones de euros por sus diferentes filiales comercializadoras de luz o de productos petrolíferos, más del doble que los 77 millones del año pasado. Le siguen Endesa, con 97,15 millones frente a los 48,6 millones de 2022; Cepsa, con 85 millones frente a los 38,4 millones de un año antes; Naturgy, con 67,7 millones frente a los 38 millones de 2022; Iberdrola, con 59,6 millones entre sus diferentes filiales frente a los 29,5 millones del ejercicio precedente; y la petrolera BP, con 41,5 millones frente a los sólo 17 millones de 2022.
La reventa de ahorros entre empresas
Las 680 compañías afectadas por la regulación de ahorro energético están obligadas a realizar inyecciones en efectivo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética por el 35% del coste de las aportaciones. Esto es, los grupos energéticos deben aportar al fondo un mínimo de 278 millones del total de 795 millones (el año pasado el mínimo de pagos en efectivo era del 60%, y ascendió a un total de 236 millones). El resto de aportaciones pueden ser canjeadas por las empresas por los certificados de ahorro energético, con los que demuestran las medidas adoptadas por la compañía para conseguir reducir el uso de energía.
El Gobierno creó el año pasado un mercado para que las compañías energéticas puedan revender los ahorros de energía a los que están obligados por ley, mediante un nuevo sistema de Certificados de Ahorro Energético para que eléctricas, petroleras y gasistas tengan la opción de comercializar esas obligaciones de ahorro marcadas por la UE.
El nuevo mecanismo diseñado por el Ministerio para la Transición Energética permite a las energéticas tanto comprar esos certificados de ahorro a sus grandes clientes industriales como revenderlos a otras empresas, y también podrán canjearlos a cambio de descuentos a las contribuciones millonarias al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Hasta el pasado año, en España sólo las compañía sólo podían hacer aportaciones financieras millonarias equivalentes al FNEE.
Con el nuevo mercado creado por el Gobierno, las empresas obligadas a una cuota anual de ahorro energético también pueden sustituir voluntariamente un porcentaje de sus pagos al fondo por un ahorro energético certificado (identificando de manera homologada medidas de ahorro de climatización, iluminación, movilidad, procesos industriales…). Cada certificado equivale a un kilovatio hora ahorrado).
Las compañías energéticas pueden liquidar los certificados obtenidos demostrando que están cumpliendo sus obligaciones de ahorro o podrán comercializarlos permitiendo que otras empresas obligadas los adquieran y procedan a su liquidación. Además, las energéticas también pueden comprar certificados a sus clientes (grupos industriales, comunidades de vecinos…) que consigan ahorros energéticos tras una inversión en eficiencia.
