El Gobierno gallego ha dado luz verde a una mejora en las ayudas al alquiler con una nueva convocatoria que estará en vigor a partir del 15 de enero de 2024. Con un presupuesto en aumento, alcanzando los 20 millones de euros, distribuidos equitativamente entre el próximo año y 2025. Según cálculos oficiales, estas medidas tendrán impacto positivo en la vida de alrededor de 3.600 beneficiarios en toda Galicia.

El incremento de recursos económicos permitirá una ampliación de los beneficiarios, representando una medida esencial para abordar las crecientes necesidades en materia de vivienda. La Xunta, consciente de la urgencia en este ámbito, se propone optimizar la distribución de fondos para garantizar que aquellos que más lo necesitan puedan acceder a esta ayuda.

Novedades de la convocatoria

Una de las modificaciones más notables en esta convocatoria es la posibilidad de cubrir hasta el 60% del importe de la renta mensual del alquiler. Este aumento del 10%, en comparación con la subvención previa del 50%, ofrece un alivio financiero adicional a los beneficiarios. La nueva medida también introduce una modulación del porcentaje subvencionado en función de los ingresos, con rangos que van desde el 30% hasta el 60%, y establece un suplemento de 10 puntos porcentuales para colectivos con mayores dificultades de acceso a la vivienda.

Entre los beneficiarios de este suplemento adicional del 10%, se encuentran aquellos que cumplen con ciertos criterios, tales como menores de 36 años, familias numerosas y monoparentales, emigrantes retornados a Galicia con una estancia mínima de 2 años fuera de España, y personas inscritas en el Registro único de demandantes de vivienda protegida desde hace más de un año.

En términos generales, podrán optar a estas ayudas las unidades de convivencia cuyos ingresos no superen 3 veces el Iprem (25.200 euros/año), incrementándose este límite hasta 4 o 5 veces el Iprem en el caso de familias numerosas o con algún miembro con discapacidad.

Límites al precio

Además, esta nueva convocatoria establece límites al precio del arrendamiento, vinculados a la ubicación de las viviendas. En las siete grandes ciudades, la renta máxima se fija en 600 euros; en localidades urbanas, el límite será de 550 euros; y en el resto de Galicia, el alquiler no superará los 425 euros. Estas medidas buscan garantizar un acceso equitativo a la vivienda y promover condiciones habitacionales asequibles en todo el territorio gallego.