España está protagonizando un despliegue histórico de nuevas instalaciones de autoconsumo eléctrico. Tras el récord desbordado de 2022, cuando se instaló casi tanto autoconsumo fotovoltaico como en toda la historia anterior, durante el pasado pasado el boom se fue atenuando por la moderación de los precios de la electricidad y por el retraso en el reparto de subvenciones. El Gobierno se moviliza ahora para reimpulsar la fiebre de los paneles solares, con medidas que buscan especialmente alentar la construcción de grandes plantas de autoconsumo en empresas.
El Ejecutivo ha aprovechado el ‘decreto ómnibus’ de medidas económicas urgentes que aprobó la pasadas semana para prorrogar incentivos fiscales para las empresas que levanten grandes plantas de autoconsumo en sus instalaciones y para allanar el despliegue de las plantas solares de autoproducción facilitando que se enchufen a la red eléctrica, uno de los cuellos de botella con que se está encontrando la expansión de estas instalaciones solares.
Más capacidad en la red
El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera, reservará a proyectos de autoconsumo un 10% de la potencia de todos los concursos que puntos de acceso a la red eléctrica, tanto a la red de transporte (la de alta tensión gestionada por Red Eléctrica de España) como en algunos casos a las redes de distribución (las que gestionan grupos como Endesa, Iberdrola, Naturgy o EDP).
Hasta ahora, con la legislación aprobada en lo peor de la crisis energética, el Ejecutivo permitía destinar una parte de la potencia licitada sólo en algunos concursos de conexión a la red, con la nueva reforma legal se amplía esa medida a todas las subastas que se realicen a partir de ahora. Desde el Gobierno se reconoce que la reforma permitirá el impulso más de proyectos de autoconsumo en empresa que en viviendas, un segmento este último que es el que más notó el frenazo del despliegue el año pasado.
El objetivo es impulsar esos proyectos de manera rápida, por ello el Gobierno ha decidido limitar la vigencia de estas condiciones favorables del autoconsumo a las redes sólo a los próximos dos años, y toda la capacidad de conexión que no haya sido adjudicada en ese plazo volverá a repartirse sin restricciones a cualquier proyecto, sea de autoconsumo o no.
Los permisos para conectarse a la red eléctrica en España se han convertido en los últimos años en un bien cotizadísimo en pleno boom de nuevas plantas de energías renovables y del autoconsumo y por la proliferación de grandes proyectos industriales de gran consumo de luz. Tan codiciadas son estas autorizaciones que se han convertido en objeto de compraventa y en caldo de cultivo para la especulación por parte de algunos.
El Gobierno ha puesto en marcha una ampliación urgente de las redes eléctricas con el objetivo de evitar la saturación en algunas zonas por la concentración de nuevas plantas renovables y por la proliferación de grandes proyectos industriales y tecnológicos, y prepara una planificación eléctrica integral totalmente nueva para los próximos años para atender las nuevas necesidades. En este contexto, reservar al menos un 10% de todos los concursos de acceso a la red al autoconsumo se convierte en una herramienta clave para allanar su expansión, sobre todo en el caso de proyectos de autoproducción para empresas y grandes industrias.
Incentivos fiscales
El Gobierno también ha decidido impulsar el autoconsumo en empresas mediante la aplicación de incentivos fiscales. El decreto ómnibus recoge la prolongación un año más de la libertad para la amortización en el impuesto de sociedades de la inversión en plantas renovables de autoconsumo y de otras formas de energía renovable que sustituyan a los combustibles fósiles. “El objetivo de esta medida es promover el desplazamiento de los combustibles fósiles por energías renovables producidas de forma autóctona para contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas españolas, la lucha contra el cambio climático y la mejora de la seguridad energética del país”, destaca el Ejecutivo.
La posibilidad de determinar libremente el ritmo de amortización de estas inversiones expiraba el 31 de diciembre, y el Ejecutivo ha decidido prorrogarlo y permitir su aplicación a inversiones que se inicien o concluyan a lo largo de 2024. La cantidad máxima que las empresas podrán deducirse es de 500.000 euros de inversión y el incentivo fiscal está condicionado al mantenimiento del empleo por parte de la compañía (durante dos años deberá mantener el tamaño de la plantilla media del año precedente).
