El debate sobre la financiación autonómica amenaza con inundar 2024. Las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que son mayoría, insisten en convocar lo antes posible una Conferencia de Presidentes y abrir un melón que no puede esperar más. También los socios independentistas del Gobierno, en concreto, ERC, lo ha puesto encima de la mesa como una prioridad. Hasta el punto de que el ‘president’ Pere Aragonès estableció en su discurso navideño una financiación “singular” para Cataluña como la prioridad del año que empieza. Además, la condonación de deuda pactada entre el PSOE y la Generalitat, incluida en el paquete de la investidura de Pedro Sánchez, es la otra pieza de un puzzle que puede volverse muy complicado.
La extensión de esa quita de la deuda al resto de autonomías de régimen común anunciada por el Ejecutivo pone en un brete a los territorios controlados por el PP, especialmente los que se encuentran en una situación financiera más comprometida. En estas semanas algunos territorios ya han dado cuenta de que tienen puntos de vista distintos.
A nadie se le escapa que a algunas autonomías les podría venir muy bien el acuerdo de Cataluña para sí mismas. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera de hace dos semanas, de hecho, algunos consejeros populares así lo admitieron. “Queremos lo mismo”, decían. También es una evidencia que el Ejecutivo aprovechará esta situación para buscar un enfrentamiento entre las CCAA del PP. Y en este contexto la apuesta de la dirección nacional que encabeza Alberto Núñez Feijóo sigue siendo la de evitar aceptar esa propuesta del Gobierno y aprovechar la fuerza autonómica que ahora tiene el PP para forzar, por fin, un nuevo sistema de financiación.
En el equipo económico de Génova, igual que otros miembros de la dirección, siguen planteando el ofrecimiento del Gobierno como “una auténtica trampa”. Insisten en que se trata de un traje hecho a medida para Cataluña que después el Ministerio de Hacienda “intenta camuflar” bajo el mantra de que habrá quita de deuda para todos. “Es el chocolate del loro. Nuestros presidentes autonómicos no pueden caer en esa trampa”, insisten dirigentes de la cúpula conservadora.
De hecho, en Génova están apostando por trasladar a todas sus comunidades que con el resultado del 23J en la mano, once autonomías del PP más la vicepresidencia en las Islas Canarias, los conservadores tienen capacidad de obligar al Gobierno a abordar ya el nuevo marco del sistema de financiación, fijando unos nuevos criterios y evitar así “caer” en la pretensión del Ejecutivo.
Los populares son conscientes de que sus comunidades autónomas tienen que ejercer como contrapeso del Gobierno y, al mismo tiempo, establecer un diálogo inevitable, en muchos casos por necesidad. Encajar esas relaciones con un perfil muy duro en la oposición, que es lo que ha decidido Feijóo, no será siempre fácil. Pero en este asunto concreto, donde no existe unanimidad en los discursos de los barones conservadores, Génova está empujando por llegar a un punto común: “Todos tenemos claro que lo único importante de verdad es actualizar el sistema de financiación. La quita de deuda es pan para hoy y hambre para mañana. Y las comunidades que podrían beneficiarse de la condonación tienen más urgencia por tener una financiación más justa”, reflexionan en la cúpula conservadora.
En la dirección nacional del PP también le dan toda la importancia al cambio dentro del Consejo de Ministros, sobre todo al ascenso de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la vicepresidencia primera. Por dos motivos: entienden que se mantendrá el choque entre las dos formaciones al más alto nivel y, además, la cartera de Montero cobra toda la relevancia posible, siendo ella, precisamente, la gran interlocutora con las comunidades en materia de financiación.
Alianzas en las CCAA del PP
Lo que también han hecho las comunidades del PP es retomar su política de alianzas en clave de financiación autonómica. La Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía llevan semanas concertando una cumbre para finales de enero a la que el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ha invitado también al socialista Emiliano García-Page. Castilla-La Mancha ocupa también la parte baja de la tabla y entra en el ‘club’ de las comunidades peor financiadas. La exigencia de estas autonomías es que se habilite un fondo de compensación, aunque tenga carácter transitorio, mientras se reforma un modelo de financiación que está pendiente de revisión desde 2014 y que está ahondando la brecha entre comunidades en cuanto a la cantidad asignada por habitante. Estas autonomías reclaman además un mayor peso de la población ajustada en el reparto de recursos.
Aunque las discrepancias son sutiles entre las comunidades del PP en cuanto a la quita de deuda, se han dejado entrever desde el primer momento pese a la llamada de Génova a no entrar en este debate para evitar exhibir fisuras. Mientras que Isabel Díaz Ayuso reclamó al resto de presidentes autonómicos que no se sentaran a hablar de la quita de deuda, otros barones como Alfonso Rueda, Carlos Mazón o el propio Moreno han admitido que sus gobiernos sí acudirán a las citas bilaterales que a partir de enero abrirá la ya vicepresidenta primera. Eso no significa que vayan a aceptar el cheque para condonar deuda que el Ministerio les ponga sobre la mesa. De hecho, desde Andalucía dejan muy claro que esa quita no es la prioridad porque consideran que en los últimos años han conseguido embridar su déficit y colocar su deuda en los mercados dejando atrás hace años ya la calificación de bono basura que ha impedido a Cataluña operaciones al margen del Fondo de Liquidez Autonómica. La postura andaluza tiene muchas coincidencias con Génova.
Desde la Consejería de Hacienda de Andalucía aseguran que la quita de 15.000 millones a Cataluña es una operación a la medida de la Generalitat catalana y que las prioridades en su comunidad no pasan por aliviar deuda sino por recibir más dinero del sistema de financiación para evitar el “maltrato” a la comunidad. Aún hay que conocer qué cantidad pondrá Montero sobre la mesa. Moreno reclamó 17.000 millones, aunque la ministra está convencida de que ninguna cifra servirá porque el presidente andaluz actúa “al dictado” de Génova.
