Ella huyó después, y nunca ha reivindicado el foco de los medios, como Carles Puigdemont. Antes de fugarse de la Justicia española, Marta Rovira no ocupaba cargo de representación política alguno, como el expresident, sino que era «el poder» orgánico en su partido. En medio del más absoluto secretismo, la secretaria general de Esquerra Republicana, es quien negocia personalmente con el PSOE las enmiendas a la proposición de Ley de Amnistía.

Así lo confirman fuentes de la negociación a este periódico: «Marta Rovira ha estado en el ajo desde la misma noche del 23-J«. Y antes cabría añadir, desde su fuga en 2018.

Preguntada la dirección de ERC por este aspecto, no lo desmienten. Un portavoz, simplemente, se centra en negarse a dar detalles del contenido de los cambios en los que trabaja la número dos, y en muchos aspectos de número uno de la formación independentista.

Pero esos cambios se circunscriben, esencialmente, a la «preocupación» de la cúpula republicana por los «añadidos» que aparecieron en el texto original, firmado por Oriol Junqueras y Félix Bolaños el 2 de noviembre en Barcelona. Esencialmente, las menciones al «terrorismo» y a la «malversación». 

En Esquerra temen el desarrollo de la norma, que es «un asunto muy delicado». Porque la Comisión Europea puede «meter mano, y con razón» en el texto y dé al traste con la operación de «alivio penal» en su conjunto, acogiéndose a dos directivas europeas, que señalan estos dos delitos como inamnistiables.

Saben en ERC que, en todo caso, sería después de la entrada en vigor de la ley, cuando los jueces que deben aplicarla decidan presentar cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El llamado caso Tsunami, en el que Manuel García-Castellón ha imputado tanto a Puigdemont como a Rovira por un presunto delito de terrorismo, es la clave.

Entre los republicanos, la tesis es que esa acusación «no va a ninguna parte», y creen que sería mejor no llamar la atención en Bruselas y, tramitar la ley sin darle munición a la oposición española que motive acciones del comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders.

Entre los postconvergentes, sin embargo, la maniobra del magistrado de la Audiencia Nacional fue recibida, en plena negociación política, como «un ejemplo claro de lawfare«. Y por eso mismo, se alargó tanto la negociación con el PSOE para cerrar el pacto de investidura.

Cambios en la ley

En la semana de la marmota que Santos Cerdán pasó en un hotel de Bruselas, el equipo de abogados de Puigdemont, liderado por Gonzalo Boye, añadió «la redacción específica de párrafos completos» al texto. Fuentes del cuartel general del líder de Junts en Waterloo (Bélgica), explican a este diario que «el objetivo siempre fue que se ampliara la amnistía a todos los casos».

[Así negocia Sánchez la amnistía de los 25 borradores mientras exige más y más Puigdemont]

Finalmente, no lograron que el PSOE tragara con incluir a Laura Borràs, presidenta de Junts, y su condena por corrupción, al haber fraccionado ilícitamente contratos de la Institución de las Letras Catalanas, para favorecer a un amigo. Pero sí colaron esos dos aspectos que, a la postre, motivaron que ERC se negara a asumir la proposición de ley como propia… y el PSOE quedó como único padre de la norma.

Según las citadas fuentes de Esquerra, la formación que gobierna la región catalana en minoría no tiene la «prisa» que sí demuestra Junts. «Este partido aprendió tras lo de 2017», añade un portavoz del partido, «y ahora es pragmático». El objetivo es «conseguir las cosas y, para conseguirlo, no hay que estar buscando el foco constantemente, sino trabajar con seriedad».

Esa frase textual traduce a palabras la batalla constante de Junts y ERC por la hegemonía en el independentismo. Y sus dos estrategias antagónicas.

Mientras Puigdemont lleva desde su fuga en octubre de 2017 haciendo la batalla en público, Rovira optó por el silencio. Al tiempo que Junts trataba de romper el Govern de coalición y la Mesa de Diálogo, Esquerra mantuvo su alianza con el PSOE, negociando. Y si los postconvergentes los acusaban de botiflers, los republicanos presumían de «bajar el precio de volver a intentarlo» tras los indultos, la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación.

En todo este tiempo, a pesar de llevar casi seis años fuera de España («de Cataluña», puntualizan las fuentes), fue Rovira quien contactó con Henri Dunant desde junio de 2018 y quien, desde el principio, impulsó la amnistía que ahora le beneficiará.

Por eso, confirma el citado portavoz republicano, ha sido ella la que dirigió las conversaciones del acuerdo de investidura ERC-PSOE. Y es ella personalmente quien negocia con los socialistas, desde Ginebra (Suiza), las enmiendas a la proposición de ley, tal como confirman fuentes internas del proceso.

«Sin hacer ruido»

A pesar de que el texto se está tramitando por la vía de urgencia en el Congreso, el PSOE acaba de solicitar a la Mesa del Congreso una ampliación del plazo de enmiendas hasta el 16 de enero, lo que retrasará su publicación en el BOE, previsiblemente, hasta mayo de 2024. La madeja se ha enredado, porque la ley es orgánica y, por tanto, precisa de mayoría absoluta. Es decir, que debe contentar tanto con los apoyos de ERC como con los de Junts (y del resto de aliados parlamentarios).

Pero el articulado no convence a la líder de ERC. Rovira mantiene reuniones telemáticas constantes con la cúpula que preside Junqueras, cada semana. También es ella quien intercambia documentos con el equipo de Bolaños, en el Partido Socialista, encargado de la negociación con los republicanos.

La secretaria general de Esquerra escapó a Suiza el 23 de marzo de 2018, cinco meses después de que lo hiciera el expresident Puigdemont y se instalara en Waterloo (Bélgica). Rovira alquiló un apartamento en Ginebra, contrató al famoso abogado Jean-Marc Carnicé, y hace un mes llevó el caso Pegasus a la Justicia suiza, en una maniobra de presión a las autoridades españolas. 

Ese presunto espionaje del CNI a los líderes independentistas también se investiga (teóricamente) en España. Pero la comisión rogatoria enviada a Israel, país de origen del software invasivo, se topó con la negativa de la Justicia de aquel país a colaborar.

Fuentes diplomáticas confirman que la posibilidad de que, tras la crisis diplomática con España, eso pueda cambiar. Aunque ese movimiento se ve como improbable, la maniobra de la líder de ERC se ha tomado como un aviso al Gobierno de España: «Nosotros, sin hacer ruido, estamos en todo y por todo», advierte la dirección republicana.

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