Entre los años 2018 y 2020 la generación de energía renovable vivió un crecimiento imparable con peticiones para engancharse a la red eléctrica que multiplicaban por siete el objetivo a 2030. Muchas de ellas no tenían otra finalidad que conseguir el permiso de acceso a la red para venderlo más adelante, más caro. Ese acaparamiento especulativo de licencias sobrevuela de nuevo al sector, pero en el otro extremo de la red: la demanda, con un “crecimiento extraordinariamente rápido” de las peticiones de acceso que ha alertado al Gobierno, según se desprende del octavo paquete de medidas ‘anticrisis’.
La sospecha del Ejecutivo está fundamentada en las “cifras” facilitadas por los gestores de las redes de transporte y distribución –esto es, Red Eléctrica y las grandes compañías (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP)– al Ministerio para la Transición Ecológica, aunque ni este ni Red Eléctrica (empresa controlada por el Estado, que posee el 20% de su capital a través de SEPI) ha querido facilitar esos números tras la petición de este medio. Esos datos darían cuenta de un “fuerte aumento de las peticiones de acceso a las redes para conectar nuevos consumos” a lo largo de los “últimos meses”; pero, mientras los proyectos que hay detrás de esas solicitudes en algunos casos “comienzan a desarrollarse rápidamente», «en otros no”.
España cuenta con 45.087 kilómetros de cables eléctricos, que son los encargadas de llevar esta energía desde la producción hasta el consumo. Hasta ahora, su planificación se realizaba a partir de las necesidades de generación y la estimación sobre la instalación de nuevas renovables o de las necesidades de consumo trasladadas por las compañías a partir de los hábitos de sus consumidores. Pero en los últimos meses se ha abierto un nuevo paradigma: el de los grandes consumidores, que quieren conectarse a la red bien por la electrificación del consumo de industrias que ahora utilizan otras fuentes de energía (por ejemplo, la química) o bien por tratarse de nuevos consumidores.
Tres tipos de consumidores
Los temores del Gobierno sobre posible especulación se dirigen hacia estos últimos, pues el crecimiento al que hace referencia se produce fundamentalmente a partir de tres tipos de consumidores que apenas tienen incidencia en el consumo actual: las instalaciones de producción de hidrógeno, centros de procesamiento de datos e instalaciones de almacenamiento.
“Este eventual acaparamiento de permisos de acceso a la red para grandes consumos, unido a que los permisos de acceso de consumo no tienen una caducidad claramente definida aconsejan tomar medidas que permitan evitar el acaparamiento especulativo de los mismos por proyectos que no tienen una clara visibilidad para su desarrollo”, justifica el Ejecutivo.
La nueva regulación
En este punto, el Gobierno ha decidido poner en marcha una nueva regulación que establece que, en casos en que exista competencia por el acceso para demanda en un determinado nudo de la red de transporte, su adjudicación se realice “mediante un procedimiento de concurso” en el que se tenga en cuenta “criterios de madurez de los proyectos, volumen de inversiones asociadas y contribución a la descarbonización de la demanda energética, entre otros”.
Con el mismo fin y un carácter más general, introduce otras dos medidas. Por una parte, el establecimiento de garantías para los proyectos que se conecten a las redes de tensión igual o superior a 36 kilovatios (kV), es decir los grandes proyectos de consumo tendrán que entregar un dinero que, si no cumplen sus planes, no les será devuelto. Y, por otra parte, se establece la caducidad de los permisos de acceso y conexión si en el plazo de 5 años desde su obtención no se realiza un contrato técnico de acceso por una potencia equivalente de, al menos, el 50 % de la capacidad de acceso del permiso.
Nuevo pinchazo
En el caso de los permisos ya otorgados, el Gobierno establece un periodo transitorio para constituir las garantías necesarias y los plazos de caducidad comenzarán a computar desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley, este viernes.
De esta forma, trata de frenar una situación parecida a la vivida hace cuatro años en la generación renovable. Entonces, el Ministerio para la Transición Ecológica desarrolló una norma que establecía un tiempo máximo a los promotores desde que pedían el acceso y conexión a la red hasta que lo ponían en marcha que ascendía a un máximo de cinco años, aunque el decreto ‘anticrisis’ ha ampliado este periodo a un máximo de ocho años ante los cuellos de botella generados en la administración.
