Junts advierte al PSOE. La legislatura peligra si el Congreso aprueba, sin cambio alguno, el llamado decreto ómnibus, publicado en el BOE el pasado 19 de diciembre.
¿Por qué? A juicio de los posconvergentes, el texto incluye un artículo que pondría «en riesgo» la aplicación de la futura ley que amnistiará los delitos cometidos en defensa de la independencia de Cataluña. El polémico artículo 43 bis, relativo a las cuestiones prejudiciales, con las que los jueces españoles pueden consular al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la legalidad de una norma.
«El auto de planteamiento de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acordará la suspensión de las actuaciones hasta que conste en autos la resolución del TJUE que decida la cuestión prejudicial o se acuerde la retirada de la cuestión prejudicial. Contra la providencia y el auto mencionados en este apartado no cabe recurso», establece el artículo 43 bis del decreto ley, que aún debe aprobar el Congreso.
«Cuando se encuentre pendiente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial directamente vinculada con el objeto del litigio de que conoce un tribunal, ya planteada por otro órgano jurisdiccional de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, si el tribunal estima necesaria la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para resolver el litigio, podrá suspender motivadamente el procedimiento«, añade. El real decreto, de hecho, establece que dicha modificación no entrará en vigor hasta el próximo 20 de marzo.
Pero, por ahora, la secretaria general de Junts, Mìriam Nogueras, ya ha avisado al PSOE de que la legislatura peligra si los dos párrafos anteriores entran en vigor y modifican el actual artículo 43 de la Ley Enjuiciamiento Civil (LEC), que, además, se utiliza como subsidiaria cuando otra norma no regula un asunto.
En una entrevista concedida al periódico del entorno independentista VilaWeb, Nogueras avisa de que, de aprobarse, «lo único que le puede pasar [al PSOE] es que deje de tener la mayoría que ahora necesita para seguir gobernando». «Son los primeros interesados en que todo esto funcione y salga bien. Habría que preguntarle a ellos», desafía.
«Si nos engañan, dejan de tener siete votos que necesitan. Los que salen perdiendo también son ellos», añade.
El decreto se aprobó en el Consejo de Ministros del pasado día 19. Aborda varias cuestiones y lo componen casi 300 páginas. «Muchas modificaciones de temas que nada tienen que ver unos con otros, absolutamente inconexos, y que, por tanto, dificultan mucho el posicionamiento», reprocha Nogueras en la entrevista.
«En algún punto podemos estar de acuerdo, pero si en otros estamos en contra, es muy complicado. Hemos intentado negociarlo corte a corte: no puede ser un real decreto único», añade la dirigente independentista, que califica de «decreto macedonia» el llamado decreto ómnibus. Junts, de hecho, pretende que esta normativa se tramite como un proyecto de ley, de modo que pueda ser enmendado por los grupos parlamentarios.
En la entrevista, de hecho, Nogueras recuerda que, como publicó EL ESPAÑOL, el juez Manuel García-Castellón, el encargado de investigado el caso Tsunami Democràtic y quien imputó a Carles Puigdemont por terrorismo, se dirigirá al TJUE si la amnistía al procés entra en vigor. Sin embargo, el magistrado ha enviado dicha causa judicial al Tribunal Supremo, al afectar al expresidente catalán, que está aforado.
«No puedes realizar un real decreto urgente en el que te dicen que nos jugamos 11.000 millones de euros de los fondos europeos e incluir algo que hasta el 20 de marzo no entra en vigor. ¡No es tan urgente! Y sí puede afectar a la ley de amnistía», expone Nogueras en VilaWeb.
«Un juez puede pedir unas cuestiones prejudiciales en el TJUE si no está de acuerdo con la ley. Ya sabemos que al menos un juez lo llevará y, por tanto, se dilatará en el tiempo. Ha habido voluntad de negociar, pero no cambiarlo», reprocha la líder de Junts, que no descarta, de hecho, que el PP apoye el decreto para torpedear la amnistía.
«Si prospera el decreto, ¿qué consecuencias tendrá en su relación con el PSOE?», le pregunta VilaWeb a la entrevistada. «Nuestra relación con el PSOE es la misma que teníamos antes: de desconfianza absoluta, de defensa de proyectos nacionales absolutamente distintos», señala Nogueras. «No formamos parte de ningún bloque», advierte, sobre Junts.
«Ha confiado mucho en que tenían los siete votos de Junts y las cosas no se hacen así. Hay que trabajar las cosas. No puedes gobernar sin una mayoría sólida y simular que la tienes, porque te llevarás sorpresas», vuelve a advertir al PSOE.
En realidad, los dos párrafos que soliviantan a Junts no son, jurídicamente, muy novedosos. Lo que explicitan no es sino el comportamiento habitual de los jueces y tribunales españoles a la hora de elevar una cuestión prejudicial ante el TJUE. Hasta ahora, lo frecuente era que el procedimiento judicial se suspendiese a la espera de que la Justicia europea se pronunciase y avalase o no la norma en cuestión.
Sí precisa, por ejemplo, el artículo 42 bis del decreto ómnibus que la suspensión del procedimiento judicial «se acodará mediante auto motivado, previa audiencia por plazo de diez días a las partes y, en su caso, al Ministerio Fiscal».
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