El año 2023 empezó con Pedro Sánchez en la Presidencia del Gobierno, con aspiraciones de agotar la legislatura hasta diciembre, y con el PP al frente de cinco comunidades autónomas.
El primer semestre acabó con el PP gobernando en once comunidades y con Alberto Núñez Feijóo a un paso de hacerse con el Gobierno y terminar políticamente con Pedro Sánchez.
Y el año acaba con ese poder autonómico del PP, el mayor acumulado por un partido, pero con el líder socialista al frente de un nuevo Gobierno de coalición y con Feijóo lamiéndose las heridas de unas elecciones generales que ganó, pero sin escaños suficientes para llegar a la Moncloa.
Es el año en el que el PSOE tocó el suelo en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. El partido pagó en esos comicios el gran desgaste del Gobierno de coalición y perdió todo su poder autonómico (con la excepción de Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra) y gran parte de su poder municipal.
Todo se le vino abajo a Sánchez y al PP se le alinearon los planetas para acariciar la Moncloa. Pero el líder socialista volvió a hacerlo y, de nuevo, renació de las cenizas, impidiendo que la derecha y la extrema derecha sumaran los 176 votos necesarios para gobernar, y luego, logrando un pacto que parecía imposible con ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG para sacar adelante una investidura y armar un nuevo Gobierno de coalición, esta vez con Sumar.
[Feijóo gana pero Sánchez podría continuar en la Moncloa con Sumar y todos los independentistas]
Es el año en el que Podemos salió del Gobierno y pasó a la oposición, y el año en el que le sustituyó en ese sector de la izquierda la coalición Sumar, liderada por Yolanda Díaz, y reuniendo a partidos como Izquierda Unida, Más País, Los Comunes, Compromís o la Chunta, entre otros.
En las municipales y autonómicas, se concentró todo el rechazo al Gobierno y los ciudadanos castigaron a Sánchez retirando apoyo a los dos partidos que formaban la coalición, es decir, al PSOE y a Unidas Podemos.
Los alcaldes y presidentes autonómicos socialistas pagaron en sus carnes el desgaste por la ley del “sólo sí es sí” y de la reforma de los delitos de sedición y malversación para ayudar a los independentistas catalanes.
Cayeron destacados barones socialistas como Ximo Puig, Javier Lambán, Concha Andreu, Francina Armengol, Ángel Víctor Torres o Guillermo Fernández Vara. Y alcaldes como Óscar Puente. Todos ellos fueron víctimas de lo que parecía una oleada de la derecha que inevitablemente iba a acabar con el líder socialista.
“Derogar el sanchismo” era el lema de Feijóo, animando a castigar a Sánchez en esas elecciones, en las que el PSOE perdió el control de la campaña con traspiés como las listas de Bildu con condenados por terrorismo o supuestos escándalos de compra de voto por correo a favor de los socialistas. Una tormenta perfecta que acabó en desastre electoral.
Una nueva pirueta política
La mañana posterior al recuento, y una vez constatada la catástrofe del PSOE, Sánchez dio otra pirueta política de las suyas y se lanzó al vacío con una convocatoria de elecciones generales anticipadas para el 23 de julio.
Se habló de fin de ciclo del Gobierno de coalición, se publicaron crónicas sobre el futuro del PSOE sin Sánchez y se especuló sobre quiénes serían los ministros del primer Gobierno de Feijóo.
Pero la campaña electoral se mezcló con la constitución de Gobiernos autonómicos y ayuntamientos, y el PP se precipitó pactando con Vox allá donde era posible para alcanzar el poder.
Se lanzaron desde la derecha mensajes que tenían que ver con la violencia machista, el negacionismo ecológico o el recorte de las competencias autonómicas.
Pero esta vez, el PSOE logró el control de la campaña, Sánchez pisó platós de televisión y estudios de radio que había ignorado durante la legislatura y, sobre todo, consiguió agitar con éxito la bandera del miedo. Apeló al voto útil para frenar a la extrema derecha y le funcionó.
Impagable el apoyo que tuvo de José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente del Gobierno se volcó en la campaña, apelando al patriotismo de partido, a la confrontación con la derecha y al voto emocional de la izquierda.
Feijóo ganó las elecciones, pero la suma de escaños con Vox le dejó a cuatro de la mayoría absoluta. La única opción de Gobierno era que el líder socialista lograra reunir a todos los partidos de la Cámara, salvo PP, Vox y UPN.
Desde el mismo día de las elecciones, mientras Feijóo intentaba una investidura que se demostró imposible, Sánchez buscó esos acuerdos y los cerró para ser investido finalmente el 16 de noviembre.
Esos pactos se basan en la aprobación de una ley de amnistía, la creación de comisiones de investigación sobre el CNI y el supuesto lawfare o guerra judicial y policial contra el independentismo, el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso y en Europa, la condonación de la deuda de Cataluña con el Estado y la cesión de competencias como la del transporte ferroviario de cercanías a esa comunidad autónoma, entre otras.
Esos acuerdos, además, serán sometidos a examen mensual con un verificador internacional, el salvadoreño Francisco Galindo.
Para Sánchez esos pactos suponían rectificar su posición contraria a la amnistía, porque hasta ahora consideraba que era “claramente” inconstitucional, y rectificar también su posición de rechazo a Carles Puigdemont y enterrar su promesa de traerle a España para que sea juzgado.
Para Puigdemont, supone rectificar la posición de Junts contraria a cualquier pacto con el Estado, a cambio de conseguir ser exonerado de responsabilidad por el procés independentista
Sánchez asumió el riesgo político de normalizar la relación con el independentismo catalán y con Bildu, para adentrarse en una legislatura plagada de dificultades en las que necesita pactar todo con todos.
El resultado del proceso político y electoral de 2023 es también un clima de polarización notable en el que ambas partes se sienten cómodas: la izquierda porque mantiene el burladero del miedo a la extrema derecha para justificar sus pactos y sus decisiones, y la derecha porque puede justificar su estrategia de tensión para ampliar su base electoral y de apoyos para lograr la hegemonía del llamado “antisanchismo”.
Acaba 2023 con la política dividida en dos bloques sin puntos de encuentro y una serie de instituciones afectadas gravemente por ese clima.
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