Uno de los temas que más polémica y debate político suscitó durante las dos pasadas décadas sigue coleando y pendiente de resolución, el plan de la carretera de Palma, el que marca el camino que deben seguir para su legalización las antiguas naves de Colecor, que pertenecieron al empresario Rafael Gómez. Según ha adelantado ABC, y ha podido confirmar este periódico, una de las empresas que tiene propiedades en la zona, Projarsa (Proyectos Urbanísticos Aguilar), ha presentado en la sala segunda del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía un escrito para exigir que se cumpla la sentencia dictada por el Tribunal Supremo hace seis años. Mediante el documento, al que ha tenido acceso este periódico, Projarsa solicita al TSJA que notifique al Ayuntamiento que debe llevar a efecto y cumplir lo que dice la sentencia y que se establezca un plazo máximo de seis meses para ello. El escrito fue presentado el viernes al TSJA por Projarsa.
La empresa cuenta con casi 40.000 metros cuadrados dentro del plan y con la petición de ejecución del fallo judicial persigue que el Ayuntamiento de Córdoba modifique los dos artículos que afectan de lleno a las naves, los referentes a la superficie que debe quedar en pie y a los usos que pueden tener. Su objetivo es conseguir edificabilidad, ya que en el documento aprobado por el Pleno en el 2012 no logra ninguna, y que el plan, que marca las reglas del juego de 155 hectáreas, no siga en el limbo.
Desde que parte del plan de la carretera de Palma fue tumbado de forma definitiva por el Supremo, hecho que ocurrió durante el mandato que compartió la socialista Isabel Ambrosio con IU, el Ayuntamiento no ha tramitado ninguna modificación del mismo. Después de aquella sentencia, los únicos pasos que se han dado en relación a las naves que construyó ilegalmente Gómez fueron su subasta en 2020 por parte del Banco Santander por una ejecución hipotecaria. Las naves tenían numerosas cargas y acreedores, entre ellos, el Ayuntamiento, al que Gómez le debe más de 30 millones de euros.
A raíz de la subasta de las naves, que tuvieron una oferta por 6 millones de la que nunca trascendió su desenlace, el anterior presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes, aseguró que su idea era constituir una comisión mixta entre Ayuntamiento y Junta para negociar el texto de los dos artículos anulados, el 14 y el 20, que afectan a los usos permitidos y a los metros que hay que derribar para su regularización.
La redacción que se dé a los dos artículos anulados por el Supremo debe implicar demoler más superficie de naves de la prevista cuando se aprobó el plan y no permitir que tengan un uso comercial. La Junta ha defendido siempre, y por eso recurrió el plan –que ya había sido tumbado anteriormente por ser de iniciativa privada y no pública-, que hay que demoler 21.000 metros en vez de 15.000, o sea, la mitad de lo edificado, y que las naves no deben usarse para almacenar y vender, ya que la actividad de almacenaje y logística no es un uso industrial, sino terciario y, en definitiva, comercial e impropio de ese suelo de la Vega.
En el 2020, tres años después del fallo judicial definitivo, Projarsa ya reclamó a Urbanismo que desbloquee la paralización del plan. Projarsa es la misma empresa que iba a construir un parque multiaventura en la Sierra pero que ha desistido del proyecto.
