El año 2023 llega a su fin. Un año políticamente convulso, donde la polarización ha sido la tónica dominante. Un año donde varias palabras han emergido como si de un géiser se tratara: amnistía, indulto o lawfare se han colado en las conversaciones matutinas frente al café. Una de esas palabras, lawfare, era una total desconocida para la mayor parte de los españoles hasta hasta hace muy poco, pero ha irrumpido con tanta fuerza que se ha erigido como una de las palabras del año.
¿Qué es el lawfare? Pues según el buscador wikipedia es lo que “se conoce como guerra jurídica, instrumentalización de la Justicia, judicialización de la política o acoso judicial (en inglés, el famoso lawfare) a la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente”.
Este término inglés saltó a la palestra y provocó un verdadero tsunami político y judicial cuando apareció en el acuerdo firmado entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. En el texto se leía literalmente: “Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”.
Desde ERC, Junts o Podemos se ha hablado de la existencia de lawfare. Gabriel Rufián explicaba que la sentencia del caso Altsasua era un claro ejemplo de lawfare porque “si esos chavales hubieran sido de Cádiz no habría habido cárcel”. En el caso de Junts disparan tanto contra el Tribunal Supremo por el procés, como contra el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, quien para tratar de paralizar la posible amnistía pretende investigar por terrorismo a varios políticos catalanes y que, el Supremo, haga lo propio con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Desde Podemos también acusan al polémico juez de lawfare contra la formación morada.
Pero en la moda de acusar a jueces y fiscales de cometer lawfare, no solo la izquierda o los independentistas acusan a magistrados con nombre y apellidos. El senador del PP, José Antonio Monago, protagonizó un polémico momento en la Cámara Alta cuando dijo: “Señor Bolaños, el mayor caso de lawfare que se ha conocido en la historia política de España, lo mencionan ustedes. Porque un juez, el juez De Prada, introdujo un párrafo en una sentencia a propósito de la trama Gürtel, que provocó la caída del gobierno del señor Rajoy, y esa misma frase fue sacada del auto por el Tribunal Supremo. Es el mayor caso de lawfare y le costó al PP la presidencia del Gobierno”.
Unas palabras por las que se vio obligado a disculparse pero que, a diferencia de las pronunciadas por el independentismo y Podemos, no encontró reproche alguno, al menos negro sobre blanco, en el Consejo General del Poder Judicial. ¿Hay jueces de primera y jueces de segunda? Visto lo visto, parece ser que sí, al menos en el órgano de Gobierno de los jueces tan férreamente dirigido por los vocales del PP.
El CGPJ
Con De Prada no hubo comunicado que valiera, pero esa palabra pronunciada por alguien que no fuera del PP sí que desencadenó un torrente de críticas al Gobierno. Las más brutales venían de jueces y fiscales, quienes vieron un ataque directo a su independencia en lo firmado por el PSOE con los independentistas. El Consejo General del Poder Judicial envió un acuerdo a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; a la vicepresidenta del Gobierno comunitario, Vera Jourova; al comisario de Justicia, Didier Reynders; al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; y al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell; así como a la presidenta de la Red Europea de Consejos de Justicia.
En dicho acuerdo se acusaba al Gobierno de ser los responsables de “graves episodios de ataque al Estado de Derecho, a la separación de poderes y a la independencia judicial que se están viviendo en España”. Y añadían que: “el pacto incluye la posibilidad de investigaciones contra jueces que serían llevadas a cabo por partidos políticos en el Parlamento, vulnerando el marco de protección de la independencia judicial establecido en las leyes”, por lo que en su opinión “dichos pactos, tanto por su finalidad como por su contenido, suponen la abolición del Estado de Derecho en España y un ataque a la independencia judicial y a la división de poderes”.
Al CGPJ le siguieron asociaciones de jueces, fiscales, abogados, procuradores y personas relacionadas con el mundo del derecho. Pero no solo la judicatura declaró la guerra. Tanto el Partido Popular como la ultraderecha liderada por Vox vieron un filón para atacar a Sánchez y a sus socios de Gobierno e investidura. Unos ataques basados en falacias, pues el PSOE siempre ha negado que vaya a admitir que se pueda citar a jueces a las comisiones de investigación, más bien ha dicho todo lo contrario.
Sin embargo, la hasta hace poco portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, no dudaba en decir: “Hay otra cuestión distinta que es lo que tiene que ver con la posición del PSOE asumiendo que hay lawfare en España e impulsando comisiones de investigación en el Congreso para controlar a los jueces desde ahí”.
Y si el PP llevaba la gasolina para provocar el incendio, desde el CGPJ ponían las cerillas con acuerdos liderados y firmados por los vocales del PP. Como el firmado a mediados de diciembre en el que reiteraban, por si alguien no se había enterado con su primer acuerdo, “su frontal rechazo a la constitución de comisiones parlamentarias de investigación que puedan llegar a establecer responsabilidades derivadas del denominado lawfare”.
Un acuerdo firmado pese a las palabras del portavoz del PSOE, Patxi López, quien preguntado por si apoyarían la citación de jueces, no solo dijo “por nosotros no será”, sino que recordó que el reglamento del Congreso lo prohíbe. Y así, entre mentiras y medias verdades, la palabra lawfare sigue colándose en las conversaciones de café de los españoles.
