reforma de la Constitución para eliminar el término «disminuidos»

Compromiso cumplido, pacto hecho. Gobierno y Partido Popular culminan su primer gran pacto de esta XV Legislatura, su primer acuerdo en años: cierran la proposición conjunta para reformar el artículo 49 de la Constitución y borrar el término «disminuidos». Texto que registraron la tarde de este viernes, 29 de diciembre, justo una semana después de que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se reunieran en el Congreso y pactaran sellar el acuerdo antes de fin de año. El objetivo que ambos se marcaron se ha conseguido, tal y como se esperaba.

PSOE y PP lanzaron el mismo comunicado —ya en sí mismo ese dato es relevante— a las 17.55 para informar del registro en el Congreso de la proposición de reforma del artículo 49, para suprimir un término, «disminuidos», que se ha quedado desfasado e indigna a las personas con discapacidad, y para «actualizar la protección de los derechos» de este colectivo. Ambos grupos solicitaron su tramitación por el procedimiento de urgencia —lo que acorta los plazos a la mitad— y en lectura única —esto es, sin pasar por ponencia y comisión: solo analizará el texto el pleno—. El objetivo es que la modificación de la Carta Magna, que será la tercera desde 1978, quede aprobada definitivamente por las dos Cámaras en enero de 2024. La entrada en vigor se produciría, como ha ocurrido en las otras dos anteriores reformas, el mismo día de su publicación en el BOE.

El nuevo artículo 49 pactado por PSOE y PP se compone de dos apartados:

1. Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio.
2. Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad.

Esta redacción, si no se introducen cambios durante su tramitación exprés en Congreso y Senado, reemplazará la vigente desde 1978: «Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos».

PSOE y PP reconocen que este precepto «situó en su día a España en la vanguardia de la protección» del colectivo de las personas con discapacidad, al reconocerles expresamente la «plenitud» de los derechos recogido en el Título I de la Constitución y establecer un mandato a los poderes públicos. Un artículo, recuerdan, que sí que ha guiado la actuación de las administraciones y ha disfrutado de un «considerable desarrollo legislativo». Los dos partidos recalcan que la protección de los discapacitados se ha reforzado en los últimos años, igual que se ha adaptado la legislación interna a la normativa internacional. Pero al tiempo también la sociedad civil articulada en torno a estas personas ha planteado la necesidad de «acomodar el artículo 49» a la realidad «social» y a la normativa internacional. Así, tiene una «relevancia fundamental» la tarea que realizan las organizaciones representativas y avanza el «reconocimiento» de las necesidades «específicas de las mujeres y los menores con discapacidad».

Con este contexto, siguen los proponentes, «resulta patente que la redacción original» del artículo 49 precisa de una «actualización en cuanto a su lenguaje y contenido, y para reflejar los valores que inspiran la protección de este colectivo, tanto en el ámbito nacional como internacional». El objetivo es que este precepto vuelva a ser «referencia para la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad en España».

(Noticia en ampliación)