Actuando de paisano, se llevó a la regidora del lugar del choque que ella provocó antes de la llegada de los agentes
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Supremo ha descartado anular la sanción de seis meses de suspensión de empleo impuesta a un sargento primero de la Guardia Civil que se llevó a la alcaldesa de Santa María de Cayón (Cantabria), María del Pilar del Río, del lugar de un accidente de tráfico que ella misma provocó para evitar que fuese multada.
En una sentencia, recogida por Europa Press, la Sala de lo Militar desestima el recurso interpuesto por la defensa del guardia civil contra la resolución que rebajaba su condena de un año a seis meses de suspensión de empleo. El alto tribunal, en concreto, considera que «la sanción impuesta al ahora recurrente está debidamente motivada e individualizada».
En ese sentido, la Sala deja claro que «la sanción de suspensión de empleo no solo no es la sanción más grave de las previstas para las faltas muy graves, sino que además le ha sido impuesta prácticamente en su mínima extensión, al abarcar desde los tres meses y un día a los tres años».
Los hechos se remontan a la noche del 6 de noviembre de 2021, cuando un Toyota Yaris chocó contra un Seat Ibiza, al que arrojó al carril bici de la carretera. El conductor del Seat se bajó de su vehículo para interesarse por los integrantes del otro coche, mientras que la mujer del hombre llamó al 112 tras sentir dolor por el impacto.
El hombre explicó entonces a la conductora del Yaris, que no era otra que la alcaldesa de Santa María de Cayón, que iba a llamar a la Guardia Civil, y que la ambulancia también estaba en camino. Tan solo 10 minutos después, en el lugar del accidente se presentó de paisano y en su coche particular el sargento de la Benemérita condenado, y que se presentó como «sargento de astillero».
LA «SORPRESA DE LOS AGENTES»
El sargento pidió la documentación del conductor del vehículo impactado, a la que realizó una serie de fotografías. También tomó algunas de los desperfectos del vehículo y apuntó el teléfono del propio conductor, quien se lo facilitó.
Tras esto, en el lugar se personaron los agentes de la Guardia Civil que habían sido alertados tras la llamada al 112, y que conocían al condenado. El mismo les explicó que ya estaba «todo arreglado, que se trataba de un pequeño golpe y que habían quedado para arreglar el parte».
Sendos agentes se dirigieron entonces a hablar con los integrantes del vehículo impactado, quienes les expusieron las circunstancias del accidente. El fallo recoge que, «para sorpresa de los agentes y de los ocupantes del Seat Ibiza», tanto la conductora como el sargento de paisano habían «abandonado subrepticiamente y sin avisar la escena del accidente».
Fue en ese momento cuando la patrulla comunicó el incidente a la central, que envió al lugar a un sargento y a un agente de la Guardia Civil para que se hiciesen cargo de las actuaciones. A ellos se unió, a su vez, un teniente que se encargaba de vigilancias de servicios.
«TENÍA QUE SACAR DE AHÍ A LA ALCALDESA»
Fue entonces cuando fueron informados de que el sargento de paisano «habría favorecido que la responsable del accidente» hubiese «abandonado el lugar del mismo sin haber podido tan siquiera identificarla, impidiendo el desarrollo normal de las actuaciones de los agentes de tráfico, así la posibilidad de someter a dicha conductora a las pericias de detección de alcohol o drogas».
Los agentes intentaron contactar con el ahora condenado, aunque el mismo no contestó al teléfono móvil. La patrulla se desplazó a las instalaciones del puesto de astillero, donde le encontraron en la salida. En se momento el teniente pidió explicaciones al sargento.
Éste le explicó entonces que se había llevado del lugar del accidente a la responsable del mismo por tratarse de un cargo público, la alcaldesa de Santa María de Cayón. El oficial Ie afeó su comportamiento, señalándole que con tal actuación frustró la práctica de diligencias importantes. El sargento reconoció que lo entendía pero se justificó: «Tenía que sacar de ahí a la alcaldesa».
Ese mismo día, los agentes se dirigieron al domicilio de la alcaldesa, a la que no pudieron localizar. Sin embargo, la regidora se presentó en las instalaciones de la Guardia Civil 9 días después del accidente, prestando declaración por lo sucedido.