El transporte marítimo estará obligado a pagar a partir de enero por las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), responsables del calentamiento global, como ya lo hace la aviación, o también los sectores energéticos más contaminantes e industrias como las refinerías, cementeras, la siderurgia y el vidrio. Hasta ahora bajo una exención, la Unión Europea (UE) ha incluido al sector en el Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión (EU Emissions Trading System).
La medida ha motivado las protestas del sector portuario y la cadena logística marítima, que asegura que su aplicación provocará que los buques procedentes de América y Asia hagan escala en puertos del norte de África, fuera de la UE, para evitar un aumento de costes.
Tecnologías más sostenibles
La nueva norma persigue descarbonizar el sector y acelerar entre las navieras la implementación de tecnologías más sostenibles. Su aplicación forma parte del plan europeo para lograr recortar un 55% el conjunto de emisiones en 2030. En el caso del transporte marítimo, se persigue que la intensidad de las emisiones por los combustibles utilizados disminuya gradualmente, desde un 2% en 2025 hasta el 80% de aquí a 2050.
La reglamentación incluye un régimen especial de incentivos para apoyar la adopción de combustibles renovables de origen no biológico. Los ingresos generados por el pago de emisiones se reinvertirán en proyectos de apoyo a la descarbonización del sector marítimo.
Impulso del tren
En su tramitación, la normativa se revisó para establecer finalmente que solo se pagará por la mitad de las emisiones generadas en las rutas que conectan puertos europeos con destinos fuera de la UE, mientras que en las conexiones dentro de la UE computarán el 100%. El objetivo es promover el transporte ferroviario, menos contaminante. No obstante, el sector portuario indica que, por el contrario, aumentarán las emisiones debido a que dentro de la UE se optará por el transporte por carretera.
La aplicación será gradual: el próximo año los barcos de más de 5.000 toneladas (buques de carga, cruceros, petroleros, militares y yates de gran tamaño) deberán abonar por el 40% de las emisiones; en 2025 por el 70% de los GEI emitidos en conexiones dentro de la UE y, en 2026, por el 100%. Ese año, se incluirán en el cómputo otros contaminantes, como el metano (CH4) y óxidos nitrosos (N2O).
La posición de los puertos
Su aplicación coincide además con la introducción en la Unión Europea, también de forma gradual, del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, según el cual las importaciones de determinados materiales procedentes de países donde no se graven las emisiones deberán abonar unas tasas al entrar en la UE para equiparar las condiciones y evitar perjuicios para la industria europea que sí las abona.
En un reciente encuentro en el Port de Barcelona con los responsables de los principales puertos del Mediterráneo, el presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, afirmó que España, Italia, Portugal, Malta y Chipre han solicitado una moratoria en la aplicación de la normativa.
Regulación global en 2025
Para los puertos de estos países, la medida debe impulsarse desde la Organización Marítima Internacional (OMI), la autoridad mundial encargada de establecer normas para la seguridad, la protección y el comportamiento ambiental, con el fin de que su aplicación sea a nivel global, sin perjuicio para los puertos europeos.
Por su parte, la OMI indica que está prevista la implantación de una regulación global en 2025 que implica la puesta en marcha de un mecanismo de fijación de precios de las emisiones marítimas de GEI. Esta medida irá acompañada de otra norma que obligará a los buques a adoptar fuentes de energía y tecnologías con cero emisiones que deben representar entre el 5% y el 10% de toda la energía utilizada en 2030.
Compromiso de los países
Todo ello forma parte de la estrategia aprobada el pasado mes de julio por los 175 países que integran la OMI, que busca reducir las emisiones de CO2 de todo el transporte marítimo internacional entre un 20% y un 25% para 2030 y en más de un 70% en 2040, comparado con los niveles de 2008. Algunos de los países que se han comprometido a seguir este plan cuentan, por su nivel de desarrollo y medios, con mayores dificultades que la Unión Europea para adoptar los cambios, y requerirán, según la OMI, de medidas de apoyo.
Esta estrategia considera que, en un escenario sin cambios normativos, las emisiones del transporte marítimo internacional, que representan actualmente cerca de un 4% de las emisiones globales, seguirían creciendo. Esta consideración también se incluye en el texto de la norma que ha tramitado el Consejo Europeo, para quien la UE debe promover «el liderazgo mundial en materia de tecnologías, servicios y soluciones ecológicas» y estimular con ello «la creación de puestos de trabajo en las cadenas de valor relacionadas, manteniendo al mismo tiempo la competitividad».
