El nuevo Gobierno debe priorizar la agenda social

La cuestión política de fondo que actualmente se está dirimiendo en los países de nuestro entorno, y que apela directamente a los intereses de la clase trabajadora, es bajo qué premisas se abordan las consecuencias de las crisis económicas, sociales y políticas que se han acumulado en los últimos años. Crisis que han trasladado a la ciudadanía grandes dosis de incertidumbre sobre las condiciones y expectativas de vida de millones de personas.

En este escenario, las derechas han optado por organizar las sociedades a través de las viejas ideas del neoliberalismo fracasado. Privatización de servicios públicos, regalos fiscales para las rentas más altas y del capital y pérdida de derechos laborales para reducir el poder organizado de la clase trabajadora. La innovadora aportación de las extremas derechas consiste en utilizar una retórica rupturista para reforzar esas viejas jerarquías reaccionarias, en contraposición a los avances del feminismo, el ecologismo y las libertades civiles y derechos sociales conquistados durante décadas por la clase trabajadora, el sindicalismo y las fuerzas políticas progresistas.

Hay que oponer una forma de construcción social que esté al servicio de las mayorías sociales y sus intereses»

Sin embargo, el principal reto no es el mero diagnóstico del riesgo de la ultraderecha. Hay que oponer una forma de construcción social que esté al servicio de las mayorías sociales y sus intereses. En este camino, los derechos de la clase trabajadora y el papel del sindicalismo son determinantes. Por eso es prioritario establecer una agenda social que afronte las actuales transiciones desde la perspectiva de mejorar las condiciones de vida de las mayorías sociales. En definitiva, renovar un contrato social para el siglo XXI.

Esto debe hacerse, además, mediante un refuerzo de la democracia, no sólo como sistema electoral, sino mediante un empoderamiento social, donde el sindicalismo tiene el papel clave de vertebrar a una clase trabajadora heterogénea. Reforzar la participación de las personas trabajadoras en la empresa debe ser un reto de legislatura.

Hay que mejorar los salarios y, en general, las condiciones de trabajo. Han sido importantes los avances en la subida del SMI o la reducción de la temporalidad, pero ahora hay que abordar la mejora en la contratación a tiempo parcial y la reducción de la jornada laboral legal para facilitar la compatibilidad del trabajo con la vida personal.

La lucha por la igualdad debe afrontarse, asimismo, desde un punto de vista transversal. La feminización de los cuidados en el ámbito doméstico explica en buena parte la brecha de género en los salarios y pensiones. Es imprescindible una estrategia de cuidados, con empleos de calidad, que garantice que se cubren esas necesidades desde los poderes públicos.

Igualmente es fundamental reforzar los servicios públicos. La educación, la sanidad, la formación permanente, las pensiones y en general las rentas de sustitución, o el acceso a la vivienda, no pueden seguir derivándose a espacios privatizados y lógicas mercantiles que generan desigualdad y guetos sociales, desvinculando a la ciudadanía de lo común. 

Una política fiscal progresiva y suficiente tiene que sostener este sistema social. Pero, para evitar conflictos identitarios, la necesidad de una mayor base fiscal no puede llevarse al terreno del agravio territorial. También hay una España despoblada y desindustrializada que se percibe fuera de las corrientes de modernización del país. No nos podemos resignar a ese escenario.

España, por primera vez en nuestra historia reciente, tiene una gran oportunidad para afrontar las actuales transiciones digitales y energéticas desde una posición no estrictamente periférica. Hay que aprovechar esta oportunidad.

Unai Sordo es el secretario general del sindicato Comisiones Obreras (CCOO).