El elevado volumen de tráfico y el repunte de la siniestralidad (con tres muertes este año, la última el pasado día de Navidad) han puesto sobre la mesa el debate sobre la necesidad de desdoblar el Corredor del Nalón, una opción que el Principado rechaza a corto plazo y que los empresarios y el Ayuntamiento de Langreo reclaman con insistencia. El Corredor ha tomado el relevo de la carretera de los túneles de Riaño como principal punto negro de la comarca. Precisamente, esta última vía, que contabilizaba numerosos fallecidos en los años anteriores, no ha registrado ningún siniestro mortal desde que se desdobló la calzada, hace una década. Antes, desde 1995 hasta 2014, en el tramo comprendido entre Riaño y San Miguel de la Barreda, habían muerto en accidente de tráfico 56 personas: una media de tres al año.

Vehículos implicados en el accidente mortal registrado el pasado octubre en el Corredor del Nalón. | Sepa


La vía de Riaño a San Miguel de la Barreda era una carretera peligrosa, la que más siniestros acumulaba en la región. Solo en el lustro transcurrido entre 2002 y 2007, en una curva situada entre los kilómetros 35,2 y 35,7 de la vía, perdieron la vida nueve personas. Uno de los objetivos del desdoblamiento – una obra en la que acabaron invirtiéndose 108 millones de euros en un tramo de 8 kilómetros– fue eliminar uno de los puntos negros más problemáticos de la región, y los datos han avalado ese esfuerzo.

Según el último mapa de aforos de carreteras, correspondiente a 2022, por la autovía de los túneles circulan diariamente a media de 15.678 vehículos, apenas un millar más de los que transitan por el tramo de Corredor a la altura de El Entrego, que está sin desdoblar.

No hay previsión de que se vaya a duplicar la calzada a corto plazo entre Sama y El Entrego. El pasado mes de noviembre, el consejero de Fomento y Cooperación Local, Alejandro Calvo, señaló en la Junta General que el objetivo de la Administración autonómica es poder abordar en los próximos cuatro años el estudio informativo de trazado y el de impacto ambiental. Quedaría pendiente acometer luego una obra cuyo coste estimado es de 60 millones. Aseguró que «no se duda de la necesidad actual de la actuación, pero ésta debe cruzarse con un marco de prioridades», para añadir que ahora mismo en la región hay zonas «con más retraso en infraestructuras y sin alternativas de transporte».

Empresarios

La patronal del sector turístico Otea, las Cámaras de Comercio de Oviedo y Gijón y la asociación de empresarios del Nalón (Ena), manifestaron entonces su malestar con la decisión del Principado y reclamaron al Gobierno regional que «rectifique». A ellos se unió también el gobierno local de Langreo.

Javier Fernández, presidente de la Junta de Hostelería de Langreo, miembro de Otea y vicepresidente tercero de la Cámara de Comercio de Gijón, insistió ayer en la necesidad de que se ejecute la obra: «Los últimos accidentes han venido a constatar de nuevo la peligrosidad de este tramo, pero la Administración regional hace oídos sordos. O se hace algo o nos tememos que el goteo de siniestros continuará».