La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha presidido su primera Conferencia Sectorial para abordar los desafíos migratorios «que han puesto a prueba nuestro sistema» este año 2023, en el que, hasta mediados de diciembre, llegaron a las costas españolas más de 51.000 migrantes. En ella, la ministra ha anunciado que van a proceder a modificar el Reglamento de Desarrollo de Extranjería antes de que termine el primer semestre del año. El objetivo es simplificar trámites y mejorar la protección de los derechos de los migrantes que viven en España.
Esta modificación servirá para trasponer los últimos avances normativos alcanzados durante la presidencia española de la Unión Europea, «uno de los grandes legados -asegura- que deja». En concreto, ha resaltado el acuerdo alcanzado con Consejo y el Parlamento para la Directiva de Permiso Único, «que permitirá agilizar el procedimiento de un permiso combinado de trabajo y residencia, así como garantizar la igualdad de trabajo con los nacionales y evitará la explotación laboral».
También ha informado sobre la Directiva de residencia de larga duración, y ha señalado que el Pacto Migratorio, muy criticado por decenas de oenegés, es positivo por suponer «una voz única en Europa» tres siete años de negociaciones, aunque «aún debe desarrollarse».
Sistema de acogida
Uno de los puntos principales de esta reunión con las consejeras y los consejeros de las comunidades autónomas ha sido el sistema de acogida. Durante el año 2023 han llegado a las costas españolas 51.739 inmigrantes en 1.684 embarcaciones, según datos del Ministerio del Interior. Más del 70% (unas 37.000 personas) lo hicieron en Canarias. Una cifra que, según Saiz, «ha demostrado la fortaleza de la red de acogida estatal», que ahora mismo atiende a unas 44.000 personas.
La ministra ha detallado a las consejeras y consejeros cómo funciona este sistema, un «modelo que organiza los recursos habitacionales para todo el territorio de manera integral y flexible, evitando que las zonas que reciben el primer impacto de las llegadas sean las que tengan que afrontar la gestión posterior en solitario».
Para que la respuesta sea más afectiva ante las emergencias, la Conferencia ha acordado crear un grupo de trabajo técnico que comenzará a andar a la vuelta del parón navideño. La intención es que tanto el Ministerio como las comunidades autónomas vuelquen toda su información para que las respuestas ante las emergencias sean lo más rápidas posible.
Menores no acompañados
Preguntada sobre la acogida de menores no acompañados tras la Conferencia, la ministra ha incidido en que hay un compromiso, fruto del pacto de investidura, de impulsar cambios legislativos para el reparto de estos menores. Las comunidades autónomas han pedido un grupo específico de trabajo para abordar esta cuestión, que entra dentro del paraguas de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, y en que Inclusión quiere participar.
Canarias había hecho una serie de reclamaciones, tanto al ministerio como a las comunidades autónomas, con el objetivo de poner el foco en la necesidad urgente de un nuevo reparto de los 4.500 niños, niñas y adolescentes llegados a las Islas en pateras y cayucos que tutela en la actualidad, y que colapsan los recursos de acogida de la comunidad autónoma y de los cabildos. Sin embargo, cualquier cambio en esta materia «aún deberá pasar por el Congreso y el Senado y contar las mayorías suficientes para sacarla adelante», por lo que parece que no va a ser rápido.
