El Gobierno activó hace dos años, en plena crisis energética, un sistema para evitar los posibles beneficios extraordinarios de las eléctricas e impedir que algunas compañías se aprovecharán de la escalada histórica de precios energéticos para disparar sus ingresos. España fijó un precio tope para los contratos de venta de electricidad y lo hizo antes y de manera más restrictiva que el resto de países de la Unión Europea, con límites de precios mucho más bajos a los que finalmente avaló Bruselas para el conjunto de estados miembros.
El Ejecutivo ha puesto fin a ese mecanismo, cuya vigencia expira el 31 de diciembre próximo y cuya prórroga no está contemplada en el decreto ómnibus de medidas anticrisis aprobado este miércoles con el Consejo de Ministros. El objetivo de la medida, que entró en vigor en España en octubre de 2021, era impedir que las compañías energéticas vendieran la electricidad producida por nucleares, hidroeléctricas y parte de las renovables a los precios desorbitados que marcaba entonces el mercado mayorista. Los precios se disparaban por la alta cotización del gas natural y de los derechos de emisión de CO₂, que son costes que estas tecnologías en realidad no soportan.
El Gobierno ha estado obligando desde entonces a nucleares, hidráulicas y renovables a devolver los ingresos extra obtenidos por los contratos de venta firmados por encima de un precio tope fijado en 67 euros por megavatio hora (MWh) para evitar los denominados beneficios caídos del cielo. El Ejecutivo entiende que la situación de los mercados energéticos se ha normalizado, lo que dificultaba justificar la prórroga del tope de los precios de venta, concebido como una medida excepcional y temporal. Las compañías productoras de electricidad podrán vender a partir de ahora su energía al precio que consideren sin limitaciones de topes máximos.
Devoluciones de más de 800 millones
Las compañías eléctricas se han visto forzadas a devolver ya al sistema ingresos excesivos por un total de 812,7 millones de euros, según adelantó este diario. Y la previsión del sector es que hasta fin de año las minoraciones obligatorias finalmente rondarán los 1.000 millones de euros en total durante los más de dos años de vigencia.
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), encargada de hacer las liquidaciones de costes y gastos del sector, desveló que las minoraciones forzosas de los ingresos alcanzaron los 131,8 millones de euros entre octubre y diciembre de 2021 y que fueron de 370,4 millones en el conjunto de 2022.
El organismo no ha revelado la cuantía de las devoluciones a lo largo de este ejercicio, porque sólo la hace pública cuando se cierra las liquidaciones de todo el año. Este año las compañías han seguido devolviendo ingresos extra al sistema eléctrico hasta alcanzar los 310,5 millones sólo entre enero y julio, según confirman varias fuentes del sector eléctrico conocedoras directas de las liquidaciones formalizadas hasta ahora.
El Ejecutivo activó el precio tope de los contratos de venta de electricidad en octubre de 2021 y lo ha ido revisando y ampliando en varias ocasiones. La última prórroga marcaba su vigencia hasta finales de 2023, como otras medidas excepcionales para contener los precios de la luz, el gas, los combustibles o los alimentos. El Ejecutivo ha prolongado algunas de esas medidas del escudo social para los próximos meses o durante el próximo año, según el caso. Pero no prolongará la minoración (clawback) de los ingresos excesivos de algunas plantas eléctricas.
Los Veintisiete acordaron el pasado octubre una posición común sobre medidas para el sector eléctrico que respaldaba la posibilidad de que los países pudieran mantener hasta junio de 2024, aunque finalmente no se mantuvo ese apoyo en el texto consensuado con Comisión Europea y Eurocámara. España aplica un tope de 67 euros por MWh para los contratos eléctricos, pero como marco general en la UE se ha venido contemplando un precio máximo de 180 euros.
